Una investigación reveladora realizada por KFF Health News y Associated Press ha encendido las alarmas: cientos de inmigrantes detenidos en más de 33 estados denuncian una crisis humanitaria por falta de atención médica digna en los centros de detención de Estados Unidos.
Los testimonios son desgarradores. Detenidos aseguran que no reciben medicamentos vitales para controlar la hipertensión, la diabetes, la depresión, el Parkinson o el VIH. En muchos casos, las solicitudes de auxilio son ignoradas durante semanas, provocando que los niveles de azúcar se disparen, las infecciones se agraven peligrosamente y enfermedades como el cáncer avancen sin tratamiento alguno. Hay reportes de personas sufriendo colapsos y convulsiones dentro de las celdas.
El sistema migratorio estadounidense atraviesa un colapso crítico tras la llegada masiva de detenidos bajo la administración de Donald Trump. La cifra de inmigrantes bajo custodia del ICE se disparó a 75.000, casi el doble que el año anterior, desbordando una infraestructura que ya mostraba debilidades crónicas.
KFF Health News y AP intentaron obtener una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de la publicación, pero no recibieron comentarios. Por su parte, el director médico interino, Sean Conley, defendió anteriormente el sistema, asegurando que los detenidos reciben una atención médica eficiente, calificándola incluso como mejor a la que muchos recibían en sus países de origen.
Las empresas privadas que gestionan estas cárceles insisten en que cumplen con los protocolos del ICE, aunque algunos administradores han llegado a responsabilizar a los propios inmigrantes de su deteriorado estado de salud, ignorando las denuncias judiciales por negligencia médica en lugares conocidos con apodos tan siniestros como el Alcatraz de los Caimanes.
El análisis de miles de casos judiciales y entrevistas con abogados, familiares y más de 50 afectados, expone una realidad donde la negligencia es la norma, ocurriendo incluso en oficinas adaptadas como centros de detención temporal.
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Enfermos atrapados en un sistema implacable.
Expertos legales, como el abogado Andrew Pelcher, señalan que antes era común liberar por razones humanitarias a quienes padecían enfermedades graves. Sin embargo, bajo la política actual de detención obligatoria, miles de personas permanecen encerradas en condiciones extremas y costosas, sin importar su fragilidad física.
Un caso ejemplar es el de un ciudadano rumano de 52 años, sobreviviente de cirugías cardíacas complejas. A pesar de necesitar 16 medicamentos diarios, pasó días sin sus tratamientos tras ser detenido. Fue hospitalizado tres veces por dolores en el pecho y, debido a la falta de medicación, terminó sufriendo un derrame cerebral mientras hablaba con su hija por videollamada, un momento que quedó registrado como una prueba más de la desidia del sistema.
La situación se vuelve aún más crítica para los familiares, quienes ven cómo sus seres queridos se deterioran sin tener una vía clara de reclamo, especialmente tras la eliminación de la Oficina del Defensor del Pueblo para los Centros de Detención de Inmigrantes, que cerró sus puertas por falta de presupuesto.
Historias como la de Masuma Khan, una mujer de 64 años sin antecedentes penales, ilustran el drama. Su hija, Riya Khan, relata con desesperación cómo su madre empeoraba día a día en un centro de California, sufriendo la interrupción constante de sus tratamientos para la hipertensión y el asma, mientras las autoridades le sugerían comprar medicamentos en una tienda interna que ni siquiera los tenía.
Especialistas en derechos humanos califican esto como una descarada indiferencia ante problemas evidentes. Los constantes traslados de detenidos entre centros, sin previo aviso, son otro factor que interrumpe tratamientos médicos críticos, dejando a muchos a la deriva, perdiendo incluso la vista por falta de gotas básicas, sumidos en el miedo de perder para siempre el contacto con sus familias.
