Un revelador estudio destapa que RD$361,472 millones fueron transferidos a prestadores de salud privados entre 2010 y 2024 a través de las ARS, mientras que el Servicio Nacional de Salud (Senasa) recibió RD$162,386 millones por el régimen contributivo y RD$73,801 millones por el subsidiado.
Esta alarmante cifra forma parte de una investigación profunda realizada por los expertos Francisco Alberto Tavárez y Matías Bosch Carcuro sobre el funcionamiento real del Servicio Familiar de Salud en República Dominicana.
El informe alerta que, desde 2010 hasta 2024, casi el 90% de los recursos del Régimen Contributivo, tanto de ARS privadas como del propio Senasa, terminaron en manos de prestadores privados. Similarmente, un 52.3% de los fondos del Régimen Subsidiado siguieron el mismo camino hacia el sector privado.
Los investigadores denuncian que «estos más de 73 mil millones de pesos debieron fortalecer los hospitales públicos, representando un desvío de recursos que contradice la Ley. En total, el sistema ha destinado RD$597,659 millones a clínicas privadas frente a solo RD$144,856 millones para el sector público».
Los resultados, que abarcan de 2007 a 2025, exponen que las ARS privadas han acumulado ingresos astronómicos por RD$573,132.6 millones, logrando ganancias netas por RD$24,007.2 millones y reportando gastos administrativos por RD$63,643.1 millones.
Se advierte que esta absorción de recursos públicos mediante la intermediación financiera tiene un marcado carácter rentista, un fenómeno que se ha consolidado desde la creación del SFS y la entrada en operación de las ARS privadas en 2007.
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El estudio califica el constante «no le cubre» que sufren los afiliados no como un error, sino como un mecanismo estructural para maximizar ganancias. La fragmentación del catálogo de servicios y las trabas burocráticas funcionan como barreras que trasladan todo el riesgo financiero y el impacto en la salud directamente a los pacientes y sus familias.
Las conclusiones son contundentes: las ARS y los grandes consorcios privados controlan la información y los flujos de dinero, dejando al afiliado en un mercado opaco y con costos inasumibles para defender sus derechos ciudadanos.
Se expone que la restricción de coberturas es, en realidad, una estrategia deliberada para proteger la alta rentabilidad del modelo de intermediación privada bajo un esquema de capitalización que sacrifica la atención ciudadana.
Urgencia de reformar la Ley 87-01
La investigación subraya que utilizar recursos del Régimen Subsidiado —pagados con los impuestos de todos los dominicanos— para financiar servicios privados es un trasvase injustificable de fondos públicos hacia empresas particulares.
Los autores concluyen que la necesaria reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social debe garantizar el derecho pleno a la salud, exigir una inversión del 5% del PIB en el sector, y transformar a Senasa para que recupere su rol como eje central y garante de los servicios públicos de salud en el país.
