Por Rosa Cañete Alonso (1 de 2)
La propuesta de reforma fiscal del Gobierno tiene un punto positivo que debemos reconocer: intenta evitar ser una carga excesiva para los hogares de clase media y los pequeños negocios. En un país donde siempre tememos que el ITBIS termine asfixiando a los que menos tienen, esta iniciativa esquiva al menos los golpes más directos al consumo básico.
Sin embargo, la gran pregunta para los dominicanos es: ¿será este sistema más justo que el actual? No basta con tener medidas progresivas aisladas si, al mismo tiempo, se mantienen los privilegios para quienes acumulan grandes fortunas, dividendos y ganancias de capital. La equidad no es un concepto abstracto, se mide en pesos y centavos sobre quién paga más y quién sigue protegido por exenciones históricas.
Antes de aplaudir cualquier discurso sobre justicia fiscal, debemos exigir transparencia absoluta. ¿Cuánto se recauda realmente por cada medida? ¿Quiénes son los beneficiarios reales de las amnistías? Sin datos claros sobre el impacto distributivo y la calidad del gasto, es imposible saber si esta reforma realmente busca cerrar la brecha de desigualdad o si es una oportunidad perdida.
Lo que preocupa es que esta propuesta se mantiene conservadora donde más se necesita valentía. Evita tocar de fondo las rentas del capital y los grandes patrimonios, protegiendo sectores que han gozado de privilegios durante décadas. Mientras se habla de recaudar, hay que preguntarse: ¿por qué el esfuerzo recae sobre algunos mientras otros siguen intocables?
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República Dominicana enfrenta una realidad alarmante: según datos de CEPAL y el MEPyD, las 100,000 personas más ricas poseen más ingresos que los 8 millones más pobres. Bajo este esquema, reducir impuestos a las herencias o a las ganancias de capital no es un alivio para la clase media, sino un regalo para quienes concentran los activos del país. Diseñar un sistema justo significa proteger la vivienda familiar, no facilitar el traspaso de grandes empresas y terrenos sin una carga equitativa.
Es un hecho que en nuestra región, el 53.8 % de la riqueza extrema proviene de herencias y no del mérito. Los impuestos a las sucesiones son la herramienta necesaria para que la desigualdad no se herede de generación en generación. Al reducir estas tasas, estamos enviando un mensaje peligroso sobre la movilidad social en el país.
El tema de los dividendos es el punto más sensible. Mientras un asalariado paga hasta un 27 % de sus ingresos, quienes viven de las rentas del capital solo pagan un 10 %. Según la DGII, el 93 % de los dividendos está en manos de apenas 2,500 personas, el 0.1 % más rico. Si simplemente igualáramos lo que pagan los rentistas a lo que paga un asalariado, podríamos recaudar más de RD$33,000 millones. Es decir, casi la meta total de esta reforma podría obtenerse con justicia fiscal real, sin castigar al usuario común.
Resulta contradictorio aumentar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, que afecta el bolsillo de todos los ciudadanos, mientras se mantienen intocables las grandes rentas. Es mucho más sencillo cobrarle a millones de operaciones pequeñas que aplicar justicia a un grupo reducido de privilegiados. Pero la justicia, para que sea real, no puede ser selectiva ni debe construirse a espaldas del esfuerzo de la mayoría.
