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La democracia dominicana se sustenta en el libre mercado derivado de la institucionalidad política y seguridad jurídica, garantizando principios de justicia, igualdad y equidad. Este ecosistema es clave para la relación estratégica entre el capital, la fuerza de trabajo y los sectores productivos con el Estado.
El mercado es el gran escenario donde confluyen capital, mano de obra, innovación tecnológica, producción y consumo, motores esenciales para la creación de riqueza, el crecimiento económico y la consolidación de la gobernanza en República Dominicana.
Queda claro que el capital y la fuerza laboral son el sustento de nuestra democracia, un régimen que requiere equilibrio entre el sector empresarial y los trabajadores, incluyendo a los nuevos talentos vinculados a la economía digital y tecnología.
Sabemos que la economía dominicana ha evolucionado hacia un modelo de servicios potente (turismo, banca, zonas francas, call centers), sin abandonar sus raíces en la producción tradicional de café, cacao, tabaco y azúcar, rubros fundamentales para nuestras exportaciones.
Para fortalecer el liderazgo económico y social, el capital y el trabajo requieren un Estado Social de Derecho con una Constitución que garantice seguridad jurídica y acceso equitativo a los órganos jurisdiccionales para todos los ciudadanos.
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Anteriormente definimos la oligarquía como el gobierno de una minoría que utiliza su poder e influencia para controlar sectores estratégicos de la vida nacional en beneficio propio.
Hoy, diversos grupos económicos que operan en servicios, manufactura y comercio parecen desviar el enfoque del mercado competitivo para buscar privilegios estatales. Esta práctica representa una amenaza real para la democracia y la estabilidad social del país.
Ciertos sectores empresariales han intentado permear estructuras partidarias para colocar a líderes corporativos en posiciones de mando, desde la presidencia hasta las alcaldías, vulnerando los principios democráticos de representación popular.
Si grupos minoritarios logran capturar las instituciones del Estado, la democracia que anhelamos podría debilitarse, siguiendo un patrón preocupante en Latinoamérica que suele derivar en corrupción, desigualdad social y crisis de gobernabilidad.
