El Proyecto de Modernización Fiscal, diseñado para impulsar el crecimiento económico, la simplificación tributaria y enfrentar el complejo panorama internacional, inicia esta semana su camino legislativo en el Congreso Nacional bajo un escenario de alta expectativa política, donde el oficialismo busca consolidar un consenso estratégico mediante una comisión bicameral.
Tras el depósito formal de la pieza el pasado viernes, el Senado aceleró la conformación de la comisión mixta, mientras que la Cámara de Diputados tiene en agenda para este lunes completar el equipo que liderará el estudio del proyecto a partir de este martes.
Estas comisiones bicamerales, integradas por legisladores de ambas cámaras, tienen como propósito clave lograr una aprobación consensuada, integrando diversas perspectivas antes de que la iniciativa pase a votación final.
Con este paso, el plan económico impulsado por el Poder Ejecutivo entra en una fase crucial de análisis legislativo, la cual desembocará en un informe técnico determinante para la suerte del proyecto en el pleno.
Como antesala al estudio formal, los congresistas oficialistas sostendrán este lunes una reunión estratégica con el ministro de Hacienda, Magín Díaz, con el fin de profundizar en los alcances y la viabilidad técnica de las nuevas medidas.
La propuesta contiene una serie de ajustes tributarios con los que el Gobierno busca estimular la economía y simplificar el sistema fiscal. Temas sensibles como el anticipo, el ajuste por inflación salarial y los gastos educativos ocupan el centro del debate público.
Reacciones y ambiente político en el país
La llegada del proyecto al Congreso ha encendido el debate entre actores políticos y el sector empresarial dominicano.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que existen condiciones positivas para la aprobación, garantizando que el diseño de las medidas busca proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
En esa misma línea, el vocero de los senadores del PRM, Moisés Ayala, destacó que existe un firme respaldo en su bloque, aunque subrayó que la pieza será analizada con un rigor técnico profundo para asegurar su impacto positivo.
Sin embargo, el clima no está exento de cuestionamientos. Si bien diversos sectores ven con buenos ojos ciertos puntos del proyecto, han surgido advertencias sobre temas específicos.
Desde el sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró la intención de la reforma, pero instó al Gobierno a redoblar los esfuerzos en la eficiencia del gasto público y a enfocarse en corregir las presiones estructurales de la economía.
Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) reconoció que el proyecto contiene propuestas que favorecerían la inversión, aunque puntualizó que todo documento es susceptible de mejora en el hemiciclo.
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Un punto de fricción importante ha sido señalado por la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), que expresó su preocupación por el nuevo cargo de 10 dólares a los boletos aéreos. Aunque entienden la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, alertaron que esta medida podría afectar la competitividad del turismo y la conectividad del país.
El oficialismo ante el tablero legislativo
El proyecto entra al Congreso con una correlación de fuerzas favorable para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya mayoría calificada en ambas cámaras le otorga un peso determinante para lograr la aprobación de sus iniciativas.
La articulación a través de la comisión bicameral refuerza la capacidad del Gobierno para generar consensos y agilizar la ruta hacia las votaciones definitivas, en un momento donde la agenda nacional demanda respuestas rápidas.
El plan fiscal compite en atención con otros dos expedientes vitales: la reforma laboral, que tras año y medio de deliberaciones se encamina a su segunda discusión con cambios significativos, y el proyecto de transformación integral de la Policía Nacional, pilar fundamental de la reforma de seguridad ciudadana que impulsa el presidente Luis Abinader.
