Luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) dejara en estado de fallo dos recursos contra la resolución mordaza de la Junta Central Electoral (JCE) que censura la publicación de encuestas fuera de la precampaña, el abogado Harrison Féliz, representante de Justicia Sin Fronteras, advierte que la medida es un abuso de poder que atropella la libertad de expresión en República Dominicana.
—¿Qué es Justicia Sin Fronteras y por qué se enfrentan a la JCE?
Somos una fundación de reciente creación, enfocada en blindar la institucionalidad democrática, la transparencia y el verdadero Estado de derecho dominicano.
Nuestra misión es fiscalizar todo lo que atente contra el bien común. Muy pronto, Justicia Sin Fronteras actuará como querellante ante cualquier acto de corrupción administrativa o abuso que lesione los intereses nacionales.
—¿Qué expectativas tienen con el proceso judicial?
Exigimos que el Tribunal anule el reglamento de la JCE del 22 de mayo de 2026, que busca ponerle un candado a la difusión de encuestas y limitar el debate público.
—¿Cuál es la razón principal de esta lucha legal?
Defendemos el pluralismo, la transparencia y la ética en el sector público. Consideramos que el reglamento de la JCE le da la espalda al orden democrático y traiciona las conquistas ciudadanas por las que tanto ha luchado el pueblo dominicano.
Impugnamos esta disposición porque no permitiremos que se violente el marco legal vigente.
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—¿Cómo afecta este reglamento a la democracia?
La Constitución es clara sobre la separación de poderes y los límites de la JCE (artículo 212). Al impedir el libre flujo de información, la Junta está violando el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que protege la libertad de expresión.
—¿Qué daño real causa la prohibición de encuestas?
Las encuestas son el termómetro social; permiten que la ciudadanía conozca la valoración real de los candidatos y sus posibilidades de éxito en la contienda presidencial.
—¿Es necesario limitar las encuestas ante la «eterna precampaña»?
Eso es debatible, pero la ley es la que manda. Y lo que la ley no prohíbe, está permitido.
La Junta no puede legislar por encima de la Constitución. El artículo 216 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral es específico: la veda es solo en los ocho días previos a las elecciones.
Cualquier exceso de la Junta es una usurpación de funciones y, según el artículo 73 de la Constitución, todo acto así es nulo de pleno derecho.
—¿Cuál es el papel de los partidos políticos en este juego?
La Junta no actuó sola; tuvo el aval silencioso de los principales partidos políticos. Ninguno se opuso formalmente en las consultas; parece que el silencio de las cúpulas respondió a la conveniencia electoral del momento.
—Usted asegura que la Junta está en un «pantano». ¿A qué se refiere?
La propia Junta fue la que filtró la existencia de nuestra demanda. Además, durante la audiencia, no presentaron una defensa técnica sólida ni intentaron tumbar el caso por vías procesales, lo que demuestra su debilidad legal.
—¿Cuándo conoceremos la sentencia?
Aunque no hay fecha fija, esperamos que el Tribunal se pronuncie en los próximos días.
—¿Desde cuándo la Junta gestaba este reglamento?
Admitieron en audiencia que trabajan esto desde 2021. Sin embargo, la Ley 20-23 es posterior y tiene mayor jerarquía jurídica. Cualquier disposición que la contradiga debe ser desplazada.
—¿Por qué los partidos avalaron este recorte de libertades?
Es una pregunta que deben responder las cúpulas partidarias, ya que participaron en el proceso y no hubo una oposición formal de ninguna organización mayoritaria.
—¿Tiene este recurso un trasfondo político?
Rotundamente no. Nuestro único fin es el fortalecimiento de la democracia dominicana. Aunque en el pasado militamos en el PRM, renunciamos hace tiempo y hoy no tenemos vínculos ni intereses partidistas.
—¿Por qué solicitaron medidas cautelares urgentes?
Queríamos detener el reglamento para evitar que las encuestadoras sean sancionadas injustamente. La ciudadanía necesita conocer la realidad del escenario político sin bloqueos impuestos por una autoridad que se excede en sus funciones.
—¿Qué tiempo tomará el fallo definitivo?
Normalmente tarda hasta un mes, pero dado que el Tribunal Superior Electoral tiene poca carga de trabajo actualmente, confiamos en una resolución pronta.
—¿Por qué el reglamento parece improvisado pese a ser planeado desde 2021?
Es la gran interrogante. La Junta nunca presentó este texto públicamente y parece que lo sacaron de la chistera sin adecuarlo a la nueva ley orgánica. Es un despropósito jurídico que la Junta debe explicar al país.
