El Ministerio Público lanzó la contundente Operación Onco14, logrando el arresto de tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Los acusados habrían ejecutado un millonario fraude en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y del Seguro Nacional de Salud (Senasa), afectando directamente a pacientes de escasos recursos del régimen subsidiado en República Dominicana.
El órgano acusador detuvo a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y figura clave en la gestión del IORC.
También fueron arrestadas Luisa Yasiris Guzmán, actual pareja de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta, auditora interna y externa del centro médico.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que este es un nuevo golpe a las estructuras criminales que han sangrado al Senasa, siguiendo la línea de justicia iniciada con la operación Cobra por la Procuraduría General que lidera Yeni Berenice Reynoso.
Los acusados enfrentarán cargos graves ante la justicia, incluyendo asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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La investigación reveló que Lora Cruceta se mantuvo en la presidencia del IORC de manera irregular desde octubre de 2018 hasta octubre de 2025, extendiendo su mandato más allá de lo permitido por los estatutos para consolidar su control sobre los recursos.
Esta supuesta red criminal operaba en complicidad con otros empleados, desviando el dinero que debía garantizar la vida y el tratamiento médico de miles de pacientes oncológicos que dependen de esta institución en el Cibao.
Estas acciones ilícitas no solo representan un robo al Estado dominicano, sino un atentado contra la salud pública y los afiliados del Senasa que buscaban atención especializada contra el cáncer.
El IORC, entidad de larga trayectoria fundada en 1964, ha sido víctima de estas maniobras que priorizaron el enriquecimiento ilícito sobre el bienestar de los pacientes que luchan por su vida.
Los documentos obtenidos por el Ministerio Público confirman que el ascenso de Lora Cruceta y Vargas Sánchez a la directiva en 2018 marcó el inicio de un esquema diseñado exclusivamente para saquear los fondos destinados a combatir el cáncer en la región norte del país.
Las autoridades aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias en este caso de corrupción que ha indignado a la sociedad dominicana por la sensibilidad de las víctimas afectadas.
