A finales de agosto, el presidente Donald Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emplear su poder militar directamente contra cárteles de narcotráfico en Latinoamérica.
Desde entonces, Estados Unidos ha intensificado operaciones: destruyendo lanchas, desplegando buques y realizando entrenamientos estratégicos en su propio territorio, como Puerto Rico, y en naciones aliadas.
Para dar un nombre oficial a esta ofensiva contra el narcotráfico y el tráfico de armas, el pasado 13 de noviembre, Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., bautizó las operaciones como “Operation Southern Spear” (Operación Lanza del Sur, en español).
La República Dominicana se sumó activamente a estos operativos de EE. UU. y, este noviembre, en el marco de la Operación Lanza del Sur, se incautaron más de 1.6 toneladas de cocaína (1,666 kilogramos) en las costas de Pedernales, conforme a informes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La más reciente medida de esta estratégica colaboración se reveló este miércoles: el presidente Luis Abinader anunció que República Dominicana permitirá a Estados Unidos usar la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, para operaciones logísticas vitales, incluyendo recarga de combustible en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas.
TRINIDAD Y TOBAGO SE SUMA A LA OFENSIVA ANTIDROGAS
República Dominicana no es el único aliado que ha permitido a Estados Unidos ejecutar acciones contra el narcotráfico. En octubre, Trinidad y Tobago recibió el buque “destructor Gravely”, tras la orden de Washington de un despliegue militar clave en el Caribe para su operación antidrogas.
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Medios internacionales destacaron que el buque llegó a Puerto España, a escasos 10 kilómetros de las costas de Venezuela.
En apoyo a esta lucha, que Trinidad y Tobago ha respaldado abiertamente, el Presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, se reunió con la Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar y su gabinete “para reafirmar la sólida asociación entre EE. UU. y Trinidad y Tobago, discutiendo prioridades conjuntas en seguridad y estabilidad regional”, informó la embajada estadounidense el pasado 25 de noviembre.
“El General Caine y la Primera Ministra Persad-Bissessar analizaron los desafíos que impactan la región del Caribe, incluyendo el desestabilizador tráfico ilícito de narcóticos, armas y personas, además de las operaciones de organizaciones criminales transnacionales. El Presidente subrayó que la colaboración cercana entre EE. UU. y Trinidad y Tobago es crucial para salvaguardar la seguridad regional”, detalla el comunicado.
PAÍSES RECHAZAN LA INTERVENCIÓN MILITAR DE EE. UU.
Estas acciones militares han provocado un fuerte rechazo de varios países y organizaciones internacionales.
El primero en manifestar su oposición fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser acusado por Donald Trump de narcotráfico hacia Estados Unidos y ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
A ello se sumó el despliegue de buques de guerra y personal de EE. UU. en el Caribe, justificando la acción con la lucha contra los cárteles. EE. UU. ha destruido lanchas con presunta droga y personas a bordo, generando controversia.
Nicolás Maduro denunció a EE. UU. por una «agresión militar» contra Venezuela, confirmando la ruptura de las comunicaciones bilaterales.
Además, este mes, Estados Unidos designó a Maduro como el supuesto líder del «Cártel de los Soles».
Otro líder que se opone a estas acciones de Estados Unidos es Gustavo Petro, presidente de Colombia.
“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, tuiteó Petro en X el tres de septiembre, tras la destrucción de una lancha con presunta droga.
Pese a que luego afirmó que la medida se había malinterpretado y que las relaciones se mantenían, Petro había ordenado a las fuerzas de seguridad colombianas cesar el intercambio de inteligencia con Estados Unidos.
El 29 de octubre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, manifestó su desacuerdo con los ataques militares de EE. UU. a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, solicitando un cambio en el protocolo de combate.
“No estamos de acuerdo con estas intervenciones; nuestro modelo y protocolo han sido muy efectivos. Si en aguas internacionales EE. UU. detecta una lancha con presunta droga, coordina la intervención de la Secretaría de Marina o sus propias instituciones para detener a los supuestos delincuentes”, explicó.
Además, el pasado 13 de noviembre, anunció que la Marina mexicana interceptará activamente las embarcaciones con presunta droga, buscando evitar su destrucción por parte de Estados Unidos.
Desde la ONU, Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos, exigió el 13 de octubre a Estados Unidos detener estos ataques, calificándolos de “inaceptables”.
“Estos ataques, con su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe detenerlos y adoptar todas las medidas para prevenir ejecuciones extrajudiciales de personas en las embarcaciones, sin importar la presunta conducta delictiva”, declaró.
