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Javier Sagredo/Latinoamérica21
La reciente publicación de la nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos y la actualización de la Estrategia y el Plan de Acción contra el Narcotráfico de la Unión Europea representan mucho más que una simple actualización de políticas. Señalan el regreso de una mentalidad antigua que muchos creían extinta: la idea de que las drogas son fundamentalmente un problema de guerra, que debe abordarse principalmente mediante la represión, la interdicción, la vigilancia y el fortalecimiento de las medidas de seguridad.
El lenguaje difiere a ambos lados del Atlántico. Washington habla abiertamente de guerra contra las drogas, ataque químico y caza de cárteles, al tiempo que vuelve a vincular la política antidrogas con la lógica antiterrorista al clasificar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y al fentanilo como arma de destrucción masiva. La Comisión Europea utiliza términos más suaves como seguridad, resiliencia y protección de las cadenas logísticas, pero también está expandiendo rápidamente los sistemas de vigilancia, las herramientas de predicción policial, los mecanismos de intercambio de inteligencia y las capacidades de monitoreo digital. Más allá de los distintos enfoques, ambas estrategias apuntan en la misma dirección: la política antidrogas se plantea nuevamente como una cuestión de seguridad nacional centrada en el control fronterizo, el uso de inteligencia artificial y la presión geopolítica sobre terceros países.
Este cambio se produce en un momento crítico para el futuro de América Latina y el Caribe. El nuevo Informe del PNUD sobre Democracia y Desarrollo 2026 advierte que los sistemas democráticos de la región enfrentan una amenaza existencial por parte del crimen organizado, la inseguridad ciudadana, la desigualdad extrema, la polarización política y la erosión institucional. El informe identifica correctamente que el narcotráfico ya no es simplemente un problema criminal; se ha convertido en un desafío de gobernanza global capaz de capturar instituciones, distorsionar los procesos electorales y destruir la confianza pública en la democracia.
Sin embargo, existe una contradicción fundamental en este debate. Los gobiernos occidentales reconocen al crimen organizado como una amenaza contra la democracia, mientras refuerzan las políticas prohibicionistas que, irónicamente, han impulsado el crecimiento de las economías criminales. Durante décadas, la prohibición transformó mercados regulados en negocios ilegales extraordinariamente lucrativos. El narcotráfico se expandió no solo por la corrupción, sino porque los sistemas globales de control de drogas crearon economías sumergidas que operan fuera de la ley. Y, sin embargo, este debate sigue ausente de las nuevas estrategias de Estados Unidos y la Unión Europea.
En cambio, ambos documentos presentan al narcotráfico como una amenaza externa que ataca a las sociedades democráticas desde fuera. Estados Unidos culpa a países extranjeros por no detener el envenenamiento de su población, mientras que Latinoamérica aparece una vez más como un simple territorio asociado al tráfico, la producción y la inestabilidad. Europa utiliza un lenguaje menos agresivo, pero reproduce las mismas dinámicas al orientar la cooperación internacional hacia la interdicción, el intercambio de datos y el control logístico, ignorando las causas raíz.
Las connotaciones coloniales son evidentes. La cooperación internacional corre el riesgo de priorizar la protección de los intereses de seguridad del Norte mediante la externalización de la aplicación de la ley, desatendiendo los costos sociales y el impacto en los derechos humanos en las naciones más golpeadas. Durante décadas, las comunidades más pobres de América Latina han pagado el precio más alto por la fracasada guerra global contra las drogas: violencia descontrolada, militarización, crisis carcelaria y democracias fragmentadas. Mientras tanto, el Norte Global insiste en la contención en lugar de cuestionar si la prohibición es, en realidad, parte del problema.
Una de las tesis más relevantes del nuevo informe del PNUD es que muchas democracias de la región están atrapadas en equilibrios de bajo rendimiento, donde la violencia, la desigualdad y la fragilidad estatal se retroalimentan constantemente. Las economías criminales prosperan precisamente donde los Estados fallan en proporcionar seguridad ciudadana, oportunidades económicas y legitimidad institucional.
Esto plantea una pregunta incómoda: si el crimen organizado obtiene su poder del control de los mercados prohibidos, ¿es posible desmantelar estas estructuras criminales sin abrir el debate sobre formas alternativas de regulación?
Uno de los aspectos más valientes de otro informe reciente del PNUD, Dimensiones del Desarrollo de la Política de Drogas (2025), fue su disposición a desafiar los dogmas tradicionales y reconocer que los enfoques puramente punitivos han sido ineficaces y contraproducentes para la salud pública, los derechos humanos y la sostenibilidad. El informe propuso la idea de una transición justa de las economías ilícitas a las reguladas, argumentando que las comunidades históricamente dependientes de los mercados ilegales no deben ser abandonadas. Su énfasis en la justicia social, la reducción de daños, los derechos indígenas y la integración en mercados legales fue una de las posturas más progresistas jamás adoptadas en el sistema de la ONU.
Precisamente por eso, resulta alarmante que el informe del PNUD de 2026 sobre democracia ignore esta visión transformadora. La posibilidad de que el fortalecimiento democrático en América Latina requiera transiciones justas hacia economías lícitas, capaces de reducir la violencia y debilitar el poder del narco, debería ser el eje central de cualquier estrategia de desarrollo inclusivo.
Mientras tanto, el ciclo se repite: más vigilancia, más interceptación y más presión sobre los países productores. Pero los mercados ilegales son más ágiles que las leyes. Las rutas cambian, surgen nuevos capos y las drogas sintéticas evolucionan más rápido que los sistemas de control. Irónicamente, tanto Washington como Bruselas admiten esta adaptabilidad, pero insisten en recetar la misma medicina punitiva que ha fallado durante décadas.
La estrategia estadounidense incluye una sorprendente referencia a la importancia de la fe, sugiriendo que añadir a Dios a la ecuación aporta un poder especial contra la adicción. Tras décadas de fracaso en la erradicación mediante la militarización, el discurso vira hacia narrativas de redención moral, sustituyendo la evidencia científica por visiones religiosas de salvación. Un enfoque que las iglesias conservadoras de la región están listas para capitalizar, especialmente en un sector de tratamiento de adicciones que ya está siendo ocupado por organizaciones religiosas.
Los riesgos democráticos de este giro hacia la seguridad son evidentes. El verdadero desafío no es solo contener al crimen organizado, sino construir democracias capaces de gestionar sociedades desiguales sin quedar atrapadas entre la violencia, las tentaciones autoritarias y la inercia del prohibicionismo.
La política de drogas dejó de ser una cuestión técnica o de seguridad pública. Es hoy el debate definitivo sobre el futuro de la democracia y el desarrollo sostenible. La innovación social es urgente para superar la falsa dicotomía entre prohibición y caos, y para diseñar modelos más humanos, democráticos y eficaces frente a la crisis global de narcóticos.
Javier Sagredo es fundador y director de D2 INNO-LAB, el Laboratorio Global de Innovación en Políticas de Drogas y Desarrollo. Investigador asociado del Centro de Investigación en Gobernanza Global (CIGG) de la Universidad de Salamanca (España). Fue director del programa de cooperación en políticas de drogas UE-América Latina y el Caribe (COPOLAD III).
