El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, puso un freno al sector empresarial al plantear que la cesantía laboral no debe tocarse en la actual reforma al Código de Trabajo, sugiriendo que ese tema se traslade a una futura modificación de la Ley de Seguridad Social.
La postura de Pacheco quedó registrada en el acta de la reunión de la comisión que analiza la reforma laboral, celebrada el pasado 19 de mayo, donde el legislador abogó por mantener el equilibrio actual.
Durante el encuentro de tres horas, el presidente de la cámara baja reiteró que ha sido «coherente» con la defensa de la cesantía, argumentando que incluir este punto en el proyecto actual pondría en riesgo la paz laboral y la estabilidad del país.
«La cesantía no se debe discutir en esta ley. Ese es un tema de la próxima ley de seguridad social, ¿entienden? Por ahí es que eso cabe», sentenció Pacheco ante los comisionados.
Aunque no especificó los detalles, su propuesta abre la puerta a que la cesantía sea debatida cuando el Poder Ejecutivo someta el proyecto de reforma a la Ley 87-01, un tema que mantiene en vilo a miles de empleados dominicanos.
Pacheco defendió la vigencia del Código de Trabajo de 1992, señalando que, a pesar de los años, ha permitido el crecimiento económico que hoy exhibe la República Dominicana y que ha favorecido tanto a trabajadores como empleadores.
El futuro de la cesantía
El legislador enfatizó que el país necesita preservar el clima de estabilidad. La cesantía, ese derecho irrenunciable que funciona como compensación económica ante un despido, sigue bajo la mira de distintos grupos empresariales, pero hasta ahora se mantiene intacta en el texto que propone el Poder Ejecutivo.
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Camino a segunda lectura
La esperada reforma laboral está en su etapa final, pendiente de una segunda lectura en la Cámara de Diputados y su posterior sanción en el Senado tras más de un año de debates parlamentarios.
La semana pasada, el proyecto fue dejado sobre la mesa tras dudas sobre el artículo 638, que limita a dos años la duración de los procesos laborales en los tribunales. La polémica surge porque, aunque se fijó el plazo, el texto actual carece de sanciones claras si se excede el tiempo.
Pese a esto, la comisión mantiene el plazo de dos años con la promesa de resolver el vacío legal en la próxima discusión, buscando asegurar que la justicia laboral sea ágil y eficiente para la clase trabajadora.
