La organización Justicia Sin Fronteras encendió el debate legal al someter ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia contra la Junta Central Electoral (JCE). El conflicto surge por una polémica disposición que pretende limitar la publicación de encuestas electorales fuera del periodo de precampaña, una medida que muchos consideran un golpe directo a la libertad de información en República Dominicana.
La acción busca suspender provisionalmente el artículo 13 de la Resolución 14-2026 de la JCE, que regula a las firmas encuestadoras. Según la instancia, esta normativa impone una censura «general» que no existe en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, excediendo las facultades del organismo electoral.
El abogado Harrison Féliz, representante de la entidad, advierte que esta regla vulnera la libertad de expresión, el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información política y el pluralismo democrático. Según el documento, aplicar este reglamento provocaría una ola de autocensura en medios de comunicación, analistas y encuestadoras, asfixiando el debate público necesario en toda contienda electoral.
La demanda se apoya en dos pilares jurídicos: el periculum in mora, ante el riesgo inminente de daños irreparables al flujo de información política antes de que el tribunal decida el fondo, y el fumus boni iuris, que demuestra que la solicitud tiene fundamentos sólidos, al señalar que la JCE habría actuado fuera de su marco legal al restringir derechos sin respaldo en la ley.
La organización exige al TSE que ordene la suspensión inmediata del artículo impugnado y prohíba a la JCE aplicar cualquier sanción bajo ese reglamento hasta que exista una sentencia definitiva.
¿Por qué el caso llegó al TSE?
La estrategia legal se fundamenta en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, que faculta al TSE para conocer impugnaciones contra actos administrativos de la JCE. El artículo 334 es clave, ya que permite al tribunal intervenir cuando las resoluciones de la Junta afectan directamente derechos político-electorales de la población.
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Justicia Sin Fronteras mantiene su postura firme: al tratarse de una violación a la libertad de expresión y al derecho al debate democrático, el TSE es el único escenario llamado a examinar la legalidad de este controvertido reglamento que tiene en vilo a todo el sector político nacional.
