Aunque el acceso a internet ofrece oportunidades educativas, también expone a menores de edad a graves riesgos de abuso y explotación sexual digital. En República Dominicana, seis de cada 10 adolescentes se sienten inseguros navegando, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La oficial regional del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec), Laura Suárez, alertó que el país carece de leyes contundentes que obliguen a las telefónicas e ISP a denunciar y eliminar contenido de abuso sexual infantil en línea.
La especialista reveló que durante 2024 República Dominicana registró 79,020 reportes de material de abuso sexual de menores (Masnna), un alarmante incremento de 46,695 casos respecto a períodos anteriores.
“En República Dominicana no existe una legislación que obligue a los proveedores de internet a denunciar y borrar el Masnna de sus servidores”, denunció Suárez durante la presentación del “Estudio Multisectorial de Respuestas y Capacidades (MRC) República Dominicana 2026”, elaborado por el Icmec con la participación de Byron Velásquez y Rosa Corea.
Explicó que los proveedores de servicios de internet (ISP) no monitorean activamente el contenido por supuestas limitaciones técnicas y de privacidad, limitándose a actuar solo bajo órdenes judiciales o bloqueos puntuales.
No obstante, señaló que, por disposición del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), las empresas están obligadas a bloquear el acceso a sitios web reportados oficialmente por contener material ilícito contra menores.
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Suárez detalló que cuando plataformas como Meta o Google detectan contenido de abuso sexual infantil originado desde una dirección IP dominicana, el reporte llega al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec) y luego a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
Asimismo, recordó que en 2020 el Indotel y empresas como Altice, Claro, Viva y Wind firmaron un acuerdo de cooperación para combatir la explotación infantil, aunque los resultados prácticos siguen siendo insuficientes.
La experta lamentó la falta de una normativa que exija a las plataformas digitales y proveedores una detección proactiva y una eliminación inmediata de este contenido que vulnera la integridad de nuestros niños y niñas.
“Los ISP no realizan escaneo proactivo del tráfico en sus redes, lo que deja a la infancia desprotegida frente a depredadores digitales”, sostuvo.
Crisis de salud mental y falta de apoyo
El estudio también expone la ausencia de protocolos de salud mental para el personal de empresas tecnológicas y entidades estatales que, por su labor, están obligados a ver material perturbador sobre abuso infantil.
Según Suárez, no existen programas obligatorios de terapia o autocuidado para prevenir el trauma digital en quienes combaten estos crímenes desde el sector público y privado.
Además, advirtió sobre la falta de iniciativas legales que obliguen a la industria tecnológica a implementar herramientas educativas para que las familias aprendan a prevenir y denunciar estos delitos a tiempo.
Finalmente, la experta enfatizó que República Dominicana aún no cuenta con soluciones tecnológicas nacionales, públicas o privadas, capaces de detectar y frenar de forma efectiva el material de abuso sexual infantil en la web.
