Los voceros de los principales bloques en la Cámara de Diputados pusieron en la mira ayer la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la prohibición de las encuestas electorales, dejando la puerta abierta a una posible revisión ante la lluvia de críticas sobre su legalidad.
El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, aunque defendió la institucionalidad de la JCE, admitió que ninguna decisión es inamovible si el órgano electoral entiende que debe rectificar.
«Toda acción está sujeta a revisión. Si la Junta entiende que erró, pues toca hacer las consideraciones de lugar», expresó Díaz, haciendo un llamado a evitar cuestionamientos que debiliten la confianza en el árbitro electoral ante los comicios.
El legislador oficialista insistió en que la JCE es un órgano constitucional que merece un voto de confianza de toda la clase política.
¿Vuelven a la mesa de diálogo?
Por su parte, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, reconoció la potestad regulatoria de la Junta, pero admitió que el ruido generado obligará a las organizaciones políticas a retomar el debate sobre este tema tan sensible.
«Lo que puede surgir es un proceso de conversación. Es un punto que debe ser discutido nuevamente entre los partidos para llegar a una decisión final que satisfaga a todos», manifestó.
Castillo recordó que el actual reglamento fue fruto de consensos previos, aunque el panorama electoral ha cambiado drásticamente.
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¿Medida inconstitucional?
En la otra acera, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, fue tajante al cuestionar la legalidad de la medida. Aseguró que un reglamento no está por encima de la Ley ni de la Constitución, calificando la decisión de la JCE como un error.
«La Junta Central Electoral se equivocó. Un reglamento no puede sustituir una ley y mucho menos lo que establece nuestra Constitución», sentenció.
Sánchez sostuvo que el Congreso Nacional es el único facultado para regular este aspecto y sugirió que la medida busca frenar el repunte que, según él, reflejan las encuestas sobre el crecimiento del PLD. Además, emplazó a la Junta a fiscalizar la propaganda en vallas publicitarias que satura las calles del país.
El conflicto detrás de las encuestas
Aunque ahora los voceros partidarios piden echar hacia atrás la medida, resulta paradójico que durante las audiencias previas la mayoría de los partidos dio luz verde a limitar la publicación de estos estudios.
La normativa, vigente desde el 22 de mayo, amenaza a las encuestadoras con suspensiones de hasta un año si publican resultados antes de la precampaña. Esta disposición genera un choque frontal con la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que solo contempla restricciones ocho días antes de los comicios, encendiendo el debate jurídico en la opinión pública dominicana.
