El sector empresarial encendió las alarmas este miércoles al advertir que la propuesta de reforma al Código de Trabajo en República Dominicana podría disparar los costos laborales, crear inseguridad jurídica y frenar la creación de empleos formales, afectando principalmente a las Mipymes.
Esta postura fue fijada mediante un documento contundente encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones que representan los pilares productivos del país.
En el comunicado, los gremios exigieron a los legisladores actuar con prudencia y responsabilidad histórica durante el debate del proyecto de ley que se analiza actualmente en el Congreso Nacional.
Los líderes empresariales señalaron que, tras una revisión, los consensos logrados en el diálogo tripartito no se reflejan totalmente en el texto actual, mientras temas críticos para la modernización laboral siguen en el limbo.
Sostuvieron que una reforma laboral efectiva debe garantizar los derechos del trabajador, pero también atacar de frente los problemas estructurales como la alta informalidad, la baja productividad y la urgente necesidad de ser más competitivos como nación.
Estos elementos deben analizarse bajo lupa para asegurar un equilibrio real entre la protección al empleado, la rentabilidad y la sostenibilidad económica, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
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El empresariado dominicano insiste en que el diálogo debe continuar para lograr una reforma moderna que se ajuste a la realidad del mercado laboral y a las exigencias de la economía actual.
Entre las entidades firmantes figuran la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), además de los sectores clave de zonas francas, comercio, turismo, construcción y pequeñas empresas.
