El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, aseguró que la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratifica la relevancia del debido proceso, la defensa técnica y la presunción de inocencia en República Dominicana.
El pasado viernes, la jueza Altagracia Ramírez decidió enviar a juicio de fondo a 35 de los 40 imputados por el Ministerio Público en el entramado de corrupción relacionado con un supuesto fraude al Estado superior a los 19,000 millones de pesos.
No obstante, el tribunal dictó auto de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y de otros tres vinculados al caso.
Entre los enviados a juicio destaca el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado por la fiscalía como eje central de la supuesta red de corrupción. También irán a juicio el abogado Ángel Lockward y diversas empresas y personas físicas ligadas al expediente judicial.
Mediante su cuenta en X, Dantés declaró: «durante años advertimos sobre los peligros de reemplazar la justicia por la condena mediática«. Además, subrayó que «respecto a quienes van a juicio de fondo, corresponderá a los magistrados decidir oportunamente, estrictamente sobre la base de pruebas y bajo el marco constitucional».
Lincesamiento mediático y judicialización política
Días atrás, el dirigente opositor reiteró que el PLD ha denunciado que los procesos judiciales recientes han estado marcados por campañas mediáticas, judicialización selectiva y maniobras orientadas, según afirmó, a destruir la imagen de líderes políticos desde el poder.
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Para el jurista, este accionar, además de evidenciar un uso excesivo del poder, crea un clima de sentencia social anticipada y violación de derechos fundamentales en el país.
El PLD ha señalado constantemente el uso presunto del aparato judicial y la estrategia comunicacional como tácticas de persecución política, diseñadas para desacreditar a la oposición mediante narrativas públicas que ignoran las decisiones definitivas de los tribunales dominicanos.
