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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra doce hombres acusados de integrar una peligrosa red criminal dedicada al tráfico internacional de armas de fuego en el país.
Los imputados son: Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez y Edward Francisco Tejada Fernández. También, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.
El Ministerio Público fundamenta la solicitud de prisión preventiva en más de 50 elementos de prueba, destacando la gravedad del armamento incautado, la magnitud de la estructura delictiva desmantelada y el peligro que representa esta organización para la seguridad ciudadana en República Dominicana.
De acuerdo con la solicitud de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, de la Fiscalía del Distrito Nacional, los implicados operaban un esquema de trasiego y comercialización clandestina de armas de fuego de alto calibre, las cuales eran introducidas ilegalmente para el crimen organizado.
El expediente detalla que las autoridades dieron el primer golpe a la red tras el arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez el 3 de diciembre de 2025 en Miraflores, a quien le ocuparon cinco pistolas y cargadores de alta capacidad, pieza clave para desarticular a toda la banda.
Gracias a interceptaciones telefónicas autorizadas y labores de inteligencia forense, el Ministerio Público logró mapear las conexiones entre los integrantes y coordinar once allanamientos simultáneos que resultaron en la captura de todos los miembros de la red criminal.
Durante los operativos, las autoridades confiscaron un arsenal que incluye armas cortas y largas, escopetas, partes de fusiles, chalecos antibalas, municiones de diversos calibres y miras telescópicas de grado militar, además de evidencias documentales de sus transacciones ilícitas.
En las requisas también se detectó la vinculación con el tráfico de drogas. En la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla se hallaron 71.44 gramos de cocaína y 52.11 gramos de marihuana, reforzando la peligrosidad de los imputados. Asimismo, en el inmueble de José Luis Vignieri Rodríguez se incautaron más armas, narcóticos y equipos electrónicos fundamentales para la investigación.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente este expediente por violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, buscando imponer la medida de coerción más severa para evitar la impunidad en este grave caso de seguridad nacional.
