María Victoria Alvarez/Latinoamérica21
El estado actual del regionalismo latinoamericano dejó de ser una simple crisis. Este concepto ya no explica la realidad de una región marcada por la fragmentación política y una baja capacidad de acción frente a desafíos internos. Lo que observamos no es un episodio pasajero, sino una nueva normalidad de estancamiento estratégico.
Aunque existen esfuerzos como el Consenso de Brasilia, la discusión debe girar hacia un dilema clave: resiliencia frente a inercia. La inercia es pura supervivencia pasiva y sin resultados. La resiliencia, en cambio, es la capacidad de adaptación ante contextos hostiles. Estamos ante un regionalismo esencialmente adaptativo: organismos que intentan mantener niveles mínimos de operatividad frente a la polarización ideológica y las presiones geopolíticas externas.
El caso del SICA es revelador. La reforma de abril de 2026, aprobada sin la presencia de Nicaragua, busca destrabar una parálisis institucional que mantiene vacante la secretaría general desde 2023. Ante el bloqueo impuesto por el régimen de Ortega, el SICA ha tenido que flexibilizar sus reglas de votación para no colapsar. Esta medida es un signo de resiliencia: se prioriza la funcionalidad sobre el consenso tradicional de unanimidad, adaptándose a la realidad de conflictos políticos persistentes.
Por otro lado, la crisis en la Comunidad Andina (CAN) muestra los límites del sistema. A pesar de que la CAN ordenó a Ecuador y Colombia eliminar sus medidas arancelarias, ambos países han ignorado las resoluciones, priorizando agendas nacionales. Incluso el presidente Gustavo Petro llegó a sugerir la salida de Colombia del bloque. Esto demuestra que, incluso en los organismos más robustos, la autoridad colectiva se desmorona cuando priman las fracturas ideológicas y los intereses personales de los mandatarios.
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El regionalismo latinoamericano hoy se aleja de los grandes proyectos de integración para centrarse en una gestión política de supervivencia. La reforma del SICA y las disputas en la CAN confirman que los mecanismos actuales son limitados y dependen totalmente de la voluntad política.
La nueva alineación de gobiernos como los de Bukele, Noboa o Mulino con la administración Trump, en contraste con líderes de signos opuestos como Petro, solo acelera la fragmentación. Estas preferencias ideológicas están reconfigurando el mapa regional, favoreciendo alianzas externas sobre la cooperación interna.
En conclusión, el regionalismo en América Latina no está en crisis, está en mutación. Se encamina hacia un modelo pragmático y flexible para preservar una gobernabilidad mínima en un continente profundamente polarizado. La gran pregunta no es si estas instituciones sobrevivirán, sino si esta resiliencia adaptativa será suficiente para reconstruir algún día una gobernanza regional efectiva.
