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Steven E. Hendrix/Latinoamérica21
Hace veinticinco años, muchos expertos alertaban que Colombia estaba al borde del colapso estatal. Las guerrillas dominaban gran parte del territorio, el narcotráfico alimentaba el caos y el Estado carecía de control. Hoy la realidad es distinta. Mientras Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2026, el debate sobre seguridad nacional, soberanía territorial y la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en la mayor prioridad del país.
Esta transformación no fue casualidad. Fue el resultado del esfuerzo de millones de colombianos y del impacto histórico del Plan Colombia. El balance es claro: esta alianza estratégica fue clave para rescatar al país del abismo.
La violencia disminuyó drásticamente desde los niveles críticos de inicios del siglo XXI. El Estado recuperó el orden en zonas clave y las FARC, la mayor amenaza insurgente de la historia reciente, firmaron un acuerdo de paz en 2016.
Sin embargo, el éxito del pasado no garantiza soluciones para los desafíos actuales. El debate se ha intensificado durante el mandato de Gustavo Petro en torno a su política de Paz Total, que busca negociar con múltiples grupos armados y organizaciones criminales. Sus defensores abogan por un enfoque menos militarizado, mientras que sus críticos advierten que los grupos ilegales están aprovechando el proceso para expandir su control territorial y fortalecer sus economías ilícitas.
Las amenazas que enfrenta Colombia hoy han mutado. Ya no se trata solo de insurgencias ideológicas que buscan tomar el poder, sino de redes criminales transnacionales altamente adaptables que operan en múltiples mercados negros.
El narcotráfico sigue siendo un reto, pero ya no es el único motor de la violencia. La minería ilegal, el tráfico de personas, el contrabando y otras actividades ilícitas generan fortunas a organizaciones criminales que trascienden fronteras y corroen las instituciones locales.
Estas mafias representan una amenaza para la estabilidad regional y tienen impactos directos en los mercados internacionales de drogas y minerales. Por eso, la cooperación internacional es más necesaria que nunca, aunque requiere una evolución urgente.
El Plan Colombia fue una estrategia centrada puramente en seguridad, una medida necesaria en su momento. No obstante, los retos actuales exigen un enfoque integral que combine seguridad, gobernanza territorial, desarrollo económico sostenible y fortalecimiento democrático.
En las regiones rurales de Colombia, la ausencia histórica del Estado es el caldo de cultivo para la expansión criminal. Sin infraestructura, mercados legales ni servicios públicos, los grupos ilegales aprovechan el vacío para dominar a las comunidades.
Por ello, el futuro de la seguridad en Colombia no debe centrarse solo en el combate militar, sino en consolidar una presencia estatal efectiva. Esto requiere invertir en infraestructura, justicia local, educación, salud y oportunidades económicas legítimas para el campo.
El próximo presidente de Colombia recibirá un país con un contexto complejo de seguridad y gobernabilidad. Las próximas elecciones marcarán un punto de inflexión para definir cómo se enfrentarán estas amenazas en la próxima década.
Colombia hoy es un país más fuerte, con mayor influencia regional y capacidad institucional. Esa nueva realidad debe consolidarse mediante alianzas estratégicas con países que comparten intereses en seguridad, economía y democracia. Ya no se trata de asistencia externa, sino de una asociación de socios iguales.
El crimen organizado transnacional es un reto global que requiere una respuesta coordinada en la lucha contra las mafias, la protección de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible.
Colombia ha demostrado ser un país resiliente. Como escribió Gabriel García Márquez, Colombia es un lugar donde suceden cosas extraordinarias cada día. Su capacidad de reinventarse es su sello distintivo.
El éxito del Plan Colombia enseñó que las estrategias audaces pueden transformar una nación, pero cada generación debe diseñar sus propias soluciones a los problemas de su tiempo.
Colombia evitó el colapso en el pasado. El desafío ahora es construir una seguridad sostenible y moderna para todo el siglo XXI.
