El déficit fiscal del Gobierno Dominicano este 2024 preocupa a los economistas, situándose en un 3.5% del Producto Interno Bruto. El origen de esta crisis financiera radica en el descontrolado gasto corriente y un modelo de política clientelar que prioriza el intercambio de favores, privilegios y empleos públicos a cambio de apoyo electoral.
Desde que Luis Abinader asumió la presidencia, la nómina pública ha crecido de forma alarmante con 123 mil nuevos empleados estatales. Aunque la versión oficial cifra el aparato estatal en 773 mil servidores, fuentes señalan que la cifra real roza los 800 mil. Lo urgente era aplicar un saneamiento real, eliminando las botellas y reduciendo la carga del Estado a niveles sostenibles de 500 mil empleados, evitando así el derroche del dinero de los contribuyentes.
El ahorro fiscal pudo ser histórico si se hubieran recortado los sueldos de lujo y los privilegios irritantes que mantienen muchos funcionarios. Pese a que el discurso oficial es que al Estado se va a servir, ministros y directores han aumentado sus propios beneficios bajo la mirada indiferente del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, el mandatario duplicó tanto la cantidad de beneficiarios como los montos de la tarjeta Supérate. Mientras Danilo Medina dejó 800 mil beneficiarios con 800 pesos, la gestión actual elevó la cifra a 1.6 millones de personas, duplicando además el presupuesto asignado para este programa.
El asistencialismo desmedido no garantiza el desarrollo económico. Las ayudas estatales deberían enfocarse exclusivamente en personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, priorizando la reelección, el Gobierno expandió Supérate, Aliméntate y Bonoluz, sumando subsidios como el Bono Madre, Bono Navideño y otros incentivos, en lugar de implementar modelos de préstamos estudiantiles reembolsables como ocurre en naciones desarrolladas.
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Entre la nómina hipertrofiada, los salarios de privilegio y los subsidios masivos a personas que no cumplen con criterios de vulnerabilidad, se escapa el dinero que evitaría el déficit fiscal. El Estado dominicano continúa financiando estructuras parasitarias que frenan el crecimiento del país.
Para agravar la situación, el presidente ha otorgado miles de pensiones de lujo, alcanzando los 200 mil pesos, a personas que nunca han servido al Estado Dominicano. Estos decretos carecen de base legal y exigen una investigación administrativa y judicial inmediata para determinar responsabilidades.
La gestión del Estado requiere responsabilidad y eficiencia, no politiquería ni el uso irresponsable de los recursos públicos.
