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Santo Domingo.– El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez enfrenta un nuevo escándalo judicial tras ser demandado por difamación e injuria. El caso, que ha causado revuelo en redes sociales, pone bajo la lupa legal la posibilidad de activar la extradición o cooperación internacional para que responda ante los tribunales dominicanos por sus publicaciones digitales.
La querella fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood y su esposa, Massiel Miguelina Sención Suárez, quienes denuncian graves daños a su honor, reputación y paz familiar a causa de los contenidos difundidos por Rubio en sus plataformas digitales.
Según la acusación, el comunicador vinculó falsamente al empresario con supuestas irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y presuntos actos de corrupción en contrataciones del Estado, alegaciones que los demandantes califican como una campaña de descrédito sin pruebas.
La demanda también detalla la exposición indebida de la vida privada y familiar de los denunciantes, señalando que el comunicador cruzó la línea de la opinión para entrar en el terreno de la difamación sistemática.
Los accionantes enfatizan que las publicaciones contienen acusaciones directas sobre supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencias, realizadas sin presentar pruebas ante la justicia, lo que constituye un daño irreparable a su imagen pública.
Residencia en EE. UU. complica el proceso judicial
Un factor que mantiene a la opinión pública atenta es que Rubio reside actualmente en Florida, Estados Unidos. Documentos del proceso revelan que el comunicador ya tendría una declaratoria de rebeldía en otro expediente judicial, lo que aumenta la presión sobre su situación legal.
Aunque el Ministerio Público aún no ha definido una orden de captura internacional, juristas dominicanos advierten que, de ser necesario, los tribunales podrían solicitar asistencia jurídica internacional para garantizar la comparecencia de Rubio en el país.
Este enfrentamiento legal ha reabierto el debate en República Dominicana sobre los límites de la libertad de expresión, el uso de las redes sociales para difamar y la falta de responsabilidad penal de figuras que operan desde el extranjero.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente histórico en la justicia dominicana sobre cómo se manejan los delitos de difamación cometidos por medios digitales desde el exterior contra ciudadanos locales.
