Tras apenas dos reuniones de análisis, la Cámara de Diputados aprobó este jueves de urgencia y en tiempo récord el polémico paquete de medidas fiscales que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su firma definitiva.
El proyecto, denominado de crecimiento económico y simplificación fiscal, recibió luz verde con 139 votos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, enfrentando el rechazo unánime de las bancadas opositoras en el Congreso.
La Constitución otorga al presidente Luis Abinader un plazo de cinco días para promulgar o realizar observaciones a la pieza, dado que fue declarada de urgencia, permitiendo su avance acelerado en ambas cámaras legislativas.
El trámite legislativo se completó en tiempo récord tras una comisión bicameral donde se escucharon posturas del ministro de Hacienda y representantes de la AIRD antes de emitir el informe favorable que selló su aprobación en el hemiciclo.
PRM impone mayoría y bloquea cambios de la oposición
Durante la sesión, los diputados opositores intentaron someter diversas modificaciones al proyecto original, pero sus propuestas fueron rechazadas contundentemente por la mayoría del PRM.
Entre los cambios frustrados se incluía la eliminación de impuestos a telecomunicaciones rurales, la protección a la tasa de transferencias bancarias, la indexación de salarios menores a 52,000 pesos y la eliminación total del anticipo para las microempresas, entre otras demandas ciudadanas.
Debate encendido: ¿Medidas necesarias o ajuste fiscal?
Previo a la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la reforma argumentando que las medidas son necesarias para enfrentar la crisis global, recordando a la oposición su gestión en pasadas reformas fiscales.
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Por su parte, el diputado oficialista Francisco Javier Paulino aseguró que el impacto de la reforma favorecerá a más del 90 % de los dominicanos, enfatizando que la carga tributaria recae principalmente sobre los grandes contribuyentes.
En la acera de enfrente, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, condenó la velocidad del proceso y cuestionó la eficiencia del gasto público. En la misma línea, el congresista Carlos de Pérez denunció el crecimiento en la nómina pública y gastos en publicidad, sugiriendo que la reforma busca cubrir gastos corrientes del Estado.
La pieza que espera por el Poder Ejecutivo elimina los anticipos para microempresas, establece una amnistía fiscal, reduce del 25 al 10 % el Impuesto Sobre la Renta en venta de inmuebles y deroga impuestos específicos como los de fósforos y estampillas.
Asimismo, actualiza la exención del Impuesto Sobre la Renta para salarios hasta 39,900 pesos, mejora la deducción de gastos educativos al 30 %, reembolsa el selectivo al alcohol etílico para uso médico y ajusta a un 30 % el ISR para grandes empresas, buscando reconfigurar el panorama económico nacional.
