El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los implicados en el escandaloso fraude cometido contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Los acusados aprovecharon su control en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desviar fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa), perjudicando directamente a pacientes de escasos recursos y al Estado dominicano.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la Pepca solicitó declarar el caso como complejo debido a la magnitud de la estructura criminal liderada por Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del patronato y exdirectivo del IORC.
Junto a él, fueron señalados Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien ocupó cargos clave como vicepresidenta y auditora del patronato durante el periodo investigado.
Las investigaciones revelan un esquema de corrupción indignante que incluye el uso de habitaciones del centro oncológico para cirugías estéticas privadas, reembolsos falsos de gastos personales, sabotaje digital y lavado de activos. Las maniobras afectaron la salud pública mediante el uso de sellos médicos falsos, doble facturación al Senasa y la venta ilegal de medicamentos donados destinados a pacientes con cáncer.
El operativo, denominado Operación Onco14, fue ejecutado por la Pepca, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, logrando la incautación de dinero, vehículos, armas y pruebas documentales que vinculan a los imputados con delitos de estafa, asociación de malhechores, soborno y delitos de alta tecnología.
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El Ministerio Público destacó que Lora Cruceta extendió irregularmente su mandato al frente del IORC hasta el 2025, tiempo que utilizó para consolidar una red de corrupción junto a empleados y relacionados. El objetivo principal era el lucro personal mediante la apropiación sistemática de los recursos destinados a la atención médica en la región del Cibao.
Las autoridades reiteran su compromiso con la persecución de estos crímenes de cuello blanco que se ejecutan contra los más vulnerables, asegurando que los responsables enfrentarán las consecuencias legales por desfalcar al Estado y jugar con la vida de los pacientes oncológicos.
