Entre fuertes críticas por falta de transparencia y posibles violaciones a la Constitución, el oficialismo en la Cámara de Diputados (CD) aprobó en segunda lectura el polémico proyecto de Ley que autoriza pagos a contratistas del Estado, creando además una comisión para revisar reclamaciones de obras ejecutadas sin contratos formales.
José David Báez, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), arremetió contra la pieza calificándola como un cheque en blanco que legaliza lo que denominó como una gestión irresponsable y delincuencial, al ignorar la Ley 340.06 de Compras y Contrataciones Públicas que rige el uso de los fondos dominicanos.
El legislador recordó que una iniciativa similar fue observada anteriormente por el Poder Ejecutivo debido a graves falencias legales y financieras. Báez cuestionó la insistencia en este proyecto, asegurando que los diputados oficialistas están contradiciendo los principios de legalidad y seguridad jurídica que el propio Gobierno defendió al rechazar la propuesta inicial.
Además, enfatizó la falta de claridad sobre la cifra total de la deuda y la legalidad de los compromisos que se pretenden saldar con dinero de los contribuyentes.
Por su parte, Danilo Díaz, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que este tipo de aprobaciones exprés y sin el debido debate profundizan la desacreditación del Congreso Nacional ante la ciudadanía.
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Díaz cuestionó la rapidez con que se aprobó la pieza, la cual comparó con intentos anteriores que fracasaron ante el rechazo del Ejecutivo y la sociedad civil, incluyendo las dudas manifestadas en su momento por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
En contraparte, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió la medida aclarando que los contratos bajo revisión no corresponden a la administración del presidente Luis Abinader.
El diputado oficialista instó a la oposición a no criticar la ley, sugiriendo que, por el contrario, deberían valorar la intención de sanear compromisos heredados de gestiones anteriores, calificando de irregulares las actuaciones de gobiernos pasados.
