SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Es inminente y evidente que las sentencias que vendrán ante estas acusaciones por corrupción serán ejemplares y severas, afirmó la procuradora de corte Mirna Ortiz, al resaltar la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el histórico juicio del caso Coral contra el general Adán Cáceres Silvestre y sus cómplices.
La titular de la Pepca enfatizó la fortaleza del expediente acusatorio durante un receso del proceso judicial que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se ventila uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente del país.
Como el Ministerio Público anunció desde el inicio, hemos demostrado en estrado con pruebas irrefutables la magnitud de este entramado, tal como se proyectaba desde la presentación de las medidas de coerción, puntualizó la magistrada.
Ortiz, junto al fiscal Jonathan Pérez Fulcar, desestimó los argumentos de las defensas y cuestionó el tour mediático emprendido por el imputado Adán Cáceres, señalando que los juicios se ganan en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación.
¿Si no tuvieran nada que temer, por qué ese interés en defenderse en los medios y no ante los jueces?, sentenció la titular de la Pepca ante la prensa.
TemasRelacionados
Las magistradas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes dispusieron un receso hasta las 2:30 de la tarde de este jueves para continuar con la etapa final del juicio.
Sobre el proceso judicial
El Ministerio Público ha solicitado penas históricas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias para los implicados en las operaciones Coral y Coral 5G, una red que desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado dominicano.
Entre los solicitados a 20 años de cárcel figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, además del coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
La fiscalía también pidió 15 años de prisión para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora, junto a otros imputados, además de penas de 10 y 5 años para el resto de los involucrados en la red de desfalco.
El órgano acusador solicitó la disolución legal de la Iglesia Bautista Vida Eterna y diversas empresas fachada utilizadas para lavar activos obtenidos del erario público.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su petición de decomiso total de los bienes millonarios incautados, incluyendo villas, vehículos de lujo y residencias, para resarcir el daño patrimonial causado al Estado dominicano.
