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Madrid.- Una histórica sentencia judicial ha dictaminado que una madre debe recibir una indemnización récord de 13,3 millones de euros (15,5 millones de dólares) tras las graves secuelas neurológicas que sufrió su hijo durante el parto debido a una negligencia médica.
El fallo, emitido por un tribunal de Madrid, obliga a las aseguradoras de la ginecóloga y la matrona responsables del alumbramiento en el hospital de Sagunto a pagar 6,1 millones de euros cada una, sumando intereses y costas procesales desde el 17 de noviembre de 2019.
El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, confirma que se trata de la cifra más alta jamás otorgada en España por un caso de mala praxis sanitaria.
La magistrada ha estimado íntegramente la demanda al confirmar que existieron fallos críticos en el control del bienestar fetal y una nula capacidad de reacción ante las señales de alarma, privando al menor de una asistencia médica oportuna.
Como resultado de esta mala praxis, el menor padece una parálisis cerebral severa con una discapacidad reconocida del 87 %, lo que le genera una dependencia absoluta para todas sus actividades diarias y una afectación cognitiva permanente.
La resolución judicial hace hincapié en que esta indemnización millonaria tiene como fin cubrir de por vida los costosos tratamientos, terapias y cuidados especiales que el niño requerirá de forma indefinida.
La madre ingresó en urgencias el 16 de noviembre de 2019, cumplidas las 40 semanas de gestación. El bebé nació al día siguiente en estado crítico, siendo intubado y trasladado de urgencia a la UCI del hospital Clínico de Valencia por asfixia perinatal.
En sus declaraciones, el abogado Martín Bueno recalcó que esta victoria legal pone el foco en la urgencia de garantizar protocolos estrictos de vigilancia fetal y de actuar con máxima diligencia ante cualquier signo de sufrimiento fetal durante el proceso de parto.
Asimismo, la sentencia sienta un precedente sobre la obligación del sistema sanitario de asegurar que las víctimas de negligencias médicas graves cuenten con los recursos económicos necesarios para garantizar una vida digna ante daños irreversibles.
