La controversial propuesta de recortar a la mitad los fondos públicos destinados a los partidos políticos para enfrentar la crisis económica ha encendido el debate nacional, obligando al liderazgo político a escudarse en el marco legal vigente para frenar o viabilizar la medida.
Más allá del rechazo frontal de la oposición ante la iniciativa del Gobierno, la discusión se ha trasladado al terreno jurídico, invocando la Ley de Partidos, la Ley de Presupuesto y la propia Constitución de la República.
El dirigente del PLD, Charlie Mariotti, calificó la propuesta de «ilegal e inconstitucional«, advirtiendo que el Ejecutivo carece de facultad para reducir unilateralmente estos fondos. «El Gobierno usa la crisis como estrategia para asfixiar financieramente a la oposición mientras mantiene toda la estructura estatal para su campaña», denunció el político.
Ley 423-06 y marco constitucional
Mariotti citó la Ley 423-06 sobre Presupuesto Público, señalando que el artículo 48 impide al Gobierno modificar gastos aprobados por el Congreso sin una nueva ley. Asimismo, recordó que el artículo 212 de la Constitución blinda la independencia financiera de la Junta Central Electoral (JCE), el único órgano autorizado para distribuir los recursos conforme a los resultados electorales.
El nudo legal de los partidos
Por su parte, Federico Antún Batlle, líder del PRSC, aunque respaldó la austeridad, advirtió que cualquier recorte debe cumplir con el debido proceso. «No se puede improvisar; si quieren reducir el financiamiento, el Gobierno debe someter una modificación formal a la Ley de Partidos«, sugirió, recordando que los porcentajes de distribución están claramente establecidos en los artículos 59 y 61 de dicha norma.
Reacciones y debate nacional
El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, alertó que el financiamiento público es vital para garantizar la equidad en la competencia electoral. El dirigente de la Fuerza del Pueblo enfatizó que el debate debe trascender el ahorro y enfocarse en la transparencia del sistema democrático dominicano.
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En defensa de la iniciativa, el ministro Sigmund Freund, como delegado político del PRM, defendió la medida como un acto de «sacrificio compartido» frente a la coyuntura global. «Como partido de gobierno, proponemos que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad ante la situación actual», afirmó.
Para el año 2026, la JCE tiene asignados 1,620 millones de pesos para los partidos, de los cuales el 80 % se distribuye entre las organizaciones mayoritarias (PRM, FP y PLD). El Poder Ejecutivo busca ahora reducir este monto hasta un 50 % como parte de un plan de austeridad ante los efectos de la crisis internacional y el impacto de los conflictos globales en la economía local.
