Un proyecto de ley que sacude al Senado busca transformar el polémico cobro por manejo de residuos sólidos en República Dominicana, reemplazando el actual modelo por uno basado en el volumen de basura generado y la capacidad económica de cada empresa.
La iniciativa, del senador Edward Espiritusanto (Fuerza del Pueblo), propone que las empresas dejen de pagar montos fijos por facturación y empiecen a contribuir de forma proporcional, con tasas que oscilan entre un 0.25 % y un 1.5 % de su renta neta anual, según el impacto ambiental de su actividad.
El plan mantiene alivios fiscales para los negocios más pequeños con aportes de 3,000 y 6,000 pesos, mientras que los grandes generadores de desechos deberán ajustarse a un esquema que promete ser más justo y equilibrado.
Tasa según volumen
Las empresas con generación media de residuos verán tasas del 0.40 %, escalando hasta un 1 % y 1.5 % para aquellas con mayor producción de desperdicios, un cambio radical frente al modelo vigente de la Ley 98-25, que castiga a los negocios con pagos que alcanzan hasta los 675,000 pesos.
La realidad actual
Actualmente, el pago por basura se calcula por las ganancias totales de la empresa y no por la cantidad real de residuos que genera, un esquema implementado en 2025 que ha provocado un rechazo masivo en el sector comercial dominicano por considerarlo un golpe a la competitividad.
El senador busca aplicar un principio de proporcionalidad, argumentando que la ley actual no diferencia entre un pequeño local y una industria de alta generación de residuos.
Exención a oenegés y adiós a los 20 pesos
La propuesta trae buenas noticias para las organizaciones sin fines de lucro: quedarían exentas de este pago, alineándose con la Ley 122-05. Además, el proyecto plantea eliminar el controversial aporte de 20 pesos por habitante que reciben las alcaldías.
Según Espiritusanto, este cobro adicional no es equitativo y genera preocupaciones sobre una posible discrecionalidad en el uso de los fondos, señalando que la medida podría evitar que los recursos se desvíen.
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Ante el clamor de los comerciantes que califican el cobro actual como un abuso, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, se comprometió a impulsar una reforma legislativa antes de que termine la actual legislatura en julio. Gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes y detallistas de combustible han alzado su voz para exigir ajustes urgentes que frenen la carga impositiva sobre el sector productivo dominicano.
