TemasRelacionados
El ambicioso plan anticrisis anunciado por el Gobierno dominicano para blindar la economía frente a la tensión geopolítica mundial ha generado un respaldo contundente de los principales sectores productivos del país, desde empresarios hasta sindicatos.
Las fuerzas vivas de la nación coinciden en que proteger la estabilidad económica y social de República Dominicana es una prioridad absoluta ante el incierto panorama financiero internacional.
Las medidas, presentadas por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, incluyen un paquete de alivios que sacude el sistema tributario: amnistías fiscales, eliminación del anticipo para mipymes, además de ajustes en impuestos a cigarrillos electrónicos, pasajes aéreos y casinos.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto de ley ya está en manos del Senado y busca llevar un respiro directo al bolsillo de la clase media, dinamizar a los emprendedores y proteger a las familias de menores ingresos.
Tras la noticia, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dio su espaldarazo al Gobierno, celebrando que la propuesta se enfoque en la simplificación tributaria y en fortalecer la estabilidad macroeconómica, motor clave para la inversión.
La cúpula empresarial subrayó que estas decisiones son un impulso vital para las mipymes y un escudo protector para los segmentos más vulnerables de la sociedad dominicana.
No obstante, el Conep dejó claro que cualquier nuevo ajuste fiscal futuro debe seguir criterios estrictos de necesidad, razonabilidad y transparencia para no afectar el crecimiento.
Por su parte, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, respaldó el plan al reconocer que el país requiere con urgencia una reforma fiscal justa donde el mayor esfuerzo lo asuman las empresas de mayor capital.
“El país demanda una reforma estructural desde hace años para garantizar más obras y bienestar; el objetivo debe ser que los recursos provengan de quienes tienen mayor capacidad contributiva”, puntualizó el líder comercial.
Valoración clave
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) calificó como positiva la propuesta, destacando que responde a reclamos históricos del sector para facilitar la formalización, atraer inversiones y generar empleos de calidad.
En la misma línea, el Comité MIPYME de Meta RD 2036 celebró los avances en simplificación tributaria, señalando que estas medidas mejoran significativamente el entorno de negocios para miles de emprendedores dominicanos.
El sector agropecuario también se pronunció: la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) consideró que proteger la soberanía alimentaria y la capacidad productiva nacional es la señal correcta para garantizar el desarrollo económico del país.
La entidad enfatizó que varias de las medidas contenidas en el plan tendrán un impacto transformador para la agropecuaria local.
Sindicatos
Las centrales sindicales fueron enfáticas en su apoyo, resaltando que este plan permitirá blindar la inversión pública y asegurar que los programas sociales sigan llegando a los hogares más necesitados del país.
El respaldo vino de las voces de Rafael (Pepe) Abreu (CNUS), Jacobo Ramos (CNTD) y Gabriel del Río Doñé (CASC), quienes coincidieron en la importancia social de esta iniciativa gubernamental.
Detalles del plan
La estrategia anticrisis incluye una amnistía tributaria vigente hasta el 31 de diciembre y la eliminación de anticipos para el 78 % de las empresas que reportaron ISR en 2025.
Las pequeñas empresas se verán beneficiadas al equiparar su pago al de personas físicas, mientras que el sector agropecuario queda exento de impuestos a activos y anticipos. Además, se elevan los topes del Régimen Simplificado de Tributación (RST) para incluir a más negocios en la formalidad.
Otras medidas incluyen la reducción drástica del impuesto sucesoral del 25 % al 3 %, indexación de tramos de sucesión y un ajuste del 15 % en el mínimo exento del ISR para proteger el poder adquisitivo de la población ante la inflación. Finalmente, se establece un nuevo gravamen para salarios superiores a los RD$400 mil y ajustes en el impuesto a transferencias electrónicas para grandes contribuyentes.
