El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que el Gobierno ha despilfarrado más de 22,369 millones de pesos en contratos de alquiler de locales entre 2021 y la actualidad, según datos oficiales de la Digepres.
De acuerdo con la organización política, estas cifras astronómicas corresponden a instituciones del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas, dejando fuera a los ayuntamientos y otros organismos del Estado.
En representación del partido, la dirigente y excandidata vicepresidencial, Zoraima Cuello, criticó que este despilfarro millonario refleja la cuestionable forma en que se están malgastando los fondos públicos y las prioridades de la actual administración estatal.
En 2025, el gasto en la cuenta presupuestaria de alquileres de oficinas y edificios superó los 5,000 millones de pesos en el Gobierno Central, alcanzando su cifra récord.
Actualmente, existen 865 contratos activos bajo la lupa de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Peor aún, para 2026, el Gobierno proyecta quemar 6,898 millones de pesos más en estos arrendamientos.
El PLD señaló que, aunque el Estado puede necesitar oficinas, es indignante que esto ocurra sin una política de ahorro y en medio de tantas necesidades sociales insatisfechas.
«Este no es un dato menor, es una alerta roja de cómo se están esfumando los impuestos que aporta la ciudadanía y de las pésimas decisiones que se toman con el dinero del pueblo«, enfatizó Cuello.
Concentración del dinero en pocas instituciones
El partido opositor vinculó este gasto excesivo con la falta de recursos para el aumento salarial, los constantes golpes a los combustibles y el deterioro en los servicios de salud y seguridad social.
Asimismo, advirtió que el 80 % del dinero en alquileres se concentra en apenas 20 instituciones públicas, lo que evidencia un manejo ineficiente y falta de planificación estatal.
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Cuello también denunció un escándalo mayor: la existencia de contratos jugosos adjudicados a proveedores sancionados. Citó el caso de la empresa Kury Limited, que mantiene contratos vigentes pese a haber sido suspendida por la Dirección General de Contrataciones Públicas por irregularidades.
Ante este panorama, el PLD exigió una auditoría profunda de todos los contratos de alquiler desde 2021 y la creación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública para dejar de regalar el dinero en rentas privadas.
Además, propuso la creación de un inventario único de bienes del Estado, orientado a garantizar la transparencia y el ahorro real de los dominicanos.
La organización afirmó que se mantendrá firme en su rol de fiscalización y denuncia ciudadana frente a la actual gestión pública.
