TemasRelacionados
La Paz. Bolivia enfrenta una crisis histórica en su quinta semana de protestas masivas. Sindicatos obreros y campesinos exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz ante un colapso económico sin precedentes. Los bloqueos de carreteras han paralizado la industria, la producción de alimentos y el turismo, dejando pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares y agravando la inestabilidad que azota al país desde 2023.
Las movilizaciones contra Paz estallaron a principios de mayo por demandas sectoriales, pero la situación escaló rápidamente hasta exigir la salida del mandatario, una postura liderada por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos de La Paz y facciones afines al expresidente Evo Morales.
La tensión social estalló ante el supuesto incumplimiento de promesas gubernamentales y el temor a una privatización encubierta de sectores estratégicos como hidrocarburos y energía, versiones que el oficialismo desmiente categóricamente.
Paz asumió la presidencia en noviembre pasado, heredando una economía asfixiada por la falta de divisas, escasez de combustibles y una inflación galopante que cerró el 2025 en un preocupante 20,40 %.
El país vive un desabastecimiento crítico. Mientras La Paz sufre la carencia de alimentos, en regiones productivas como Cochabamba y Santa Cruz, toneladas de productos se pudren al no poder ser distribuidos. La crisis se agudiza por la falta de combustible y el riesgo sanitario ante la carencia de oxígeno medicinal.
El devastador impacto económico
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, confirmó a EFE que el impacto económico asciende a 1.680 millones de dólares. Advirtió sobre un daño intangible aún mayor: la pérdida de confianza, contratos internacionales e inversiones vitales para el desarrollo boliviano.
Rodríguez recordó que el 2025 fue un año de estanflación, marcado por un decrecimiento del 1,58 % y una inflación de dos dígitos, lo que ha empobrecido drásticamente a la población al reducir el poder adquisitivo frente a un costo de vida disparado.
El economista Fernando Romero calificó este mayo como uno de los meses más costosos desde la crisis de 2019, calculando que las pérdidas actuales equivalen hasta al 4 % del PIB nacional de 2025. El sector logístico, exportador y tributario se encuentra en una parálisis que profundiza la recesión.
Para los expertos, el daño a la economía boliviana es irreparable en el corto plazo. El pronóstico para 2026 es sombrío: un cuarto año consecutivo de decrecimiento y una brecha de desigualdad creciente.
La urgencia es total. El Gobierno debe pacificar el país mediante un diálogo efectivo y reformas estructurales que garanticen seguridad jurídica para la inversión, la producción y la exportación, claves para generar divisas.
Romero concluyó que la única salida viable para Bolivia radica en reactivar el aparato productivo y reconstruir la credibilidad institucional, un pilar fundamental para que el país recupere el rumbo en los mercados globales.
