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El exjuez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, respaldó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de regular la publicación de encuestas electorales en la República Dominicana.
A su juicio, esta medida es necesaria para frenar el caos, preservar la equidad en el sistema democrático y evitar que se siga manipulando la opinión pública con fines electorales.
Cury analizó la polémica generada por el memorando del órgano comicial que limita los sondeos, calificando de infundados los reclamos de quienes alegan una supuesta violación a la libertad de expresión.
Según el reconocido constitucionalista, la JCE no está censurando, sino modulando el ejercicio de estos derechos para garantizar un proceso electoral justo, aclarando que ningún derecho es absoluto cuando se trata del bien común.
“Lo que se está es modulando el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmó Cury durante su participación en Reseñas, el podcast, espacio conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.
El exmagistrado rechazó que la medida afecte derechos fundamentales y recordó que los derechos constitucionales admiten límites claros frente a los abusos en la política.
“Las encuestas han pasado de ser herramientas científicas para ser instrumentos de manipulación política”, expresó tajante.
El experto advirtió que muchos estudios de mercado se usan para crear falsas percepciones de ventaja electoral, engañando a los votantes antes de que inicien las campañas oficiales.
Para Cury, el objetivo de la JCE es frenar la deslealtad política que busca posicionar candidatos mediante cifras dudosas fuera de los plazos establecidos.
“Con esta decisión de la JCE se frena la práctica de posicionar candidaturas de manera anticipada y fuera de los plazos legales establecidos”, puntualizó el jurista.
Código Penal y redes sociales
Sobre el nuevo Código Penal que entra en vigencia este agosto, Cury destacó su importancia para poner orden ante el descontrol en las redes sociales y el uso de internet para dañar la reputación.
“Estoy de acuerdo con muchas de esas disposiciones que precisamente condenan esas agresiones a la reputación y al honor de las personas”, manifestó el abogado.
Insistió en que el entorno digital en el país no puede seguir siendo un espacio de impunidad donde se destruya la honra de los ciudadanos.
Sin embargo, advirtió que aprobar leyes no basta si el Estado no fortalece la capacidad de sus instituciones para aplicar las normas de forma efectiva.
“Nada hacemos con leyes buenas si no hay instituciones que las apliquen”, sostuvo, exigiendo mayor seriedad en la aplicación de la justicia dominicana.
Finalmente, afirmó que el gran reto de la República Dominicana es consolidar el respeto a la ley, instando a la clase política a priorizar el fortalecimiento institucional sobre los cambios cosméticos a la Constitución.
“El problema no está en modificar leyes ni constituciones, es en aplicarlas”, concluyó el jurista sobre la urgente necesidad de hacer cumplir el marco legal vigente.
