SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público enfrenta un fuerte revés en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Tres de los cuatro exministros sometidos por supuestos actos de corrupción han logrado salir airosos de los tribunales, pese a los expedientes blindados presentados por las autoridades.
De este grupo, solo Donald Guerrero continúa en el ojo del huracán tras ser enviado a juicio de fondo por el complejo caso de corrupción administrativa denominado Operación Calamar.
En contraste, figuras de alto perfil como Gonzalo Castillo, Freddy Hidalgo y José Ramón Peralta han logrado salir por la puerta grande, logrando que los cargos instrumentados en su contra por el órgano acusador no prosperaran judicialmente.
Hasta el momento, los resultados del Ministerio Público en los tribunales han sido cuestionados por la opinión pública, tras una serie de descargos y autos de no ha lugar que han dejado fuera de las sentencias condenatorias a piezas clave de la pasada gestión pública.
El panorama judicial para los exfuncionarios de la era Danilo Medina (2012-2020) ha dado un giro inesperado, consolidándose absoluciones definitivas y archivos de expedientes en etapa preliminar bajo el argumento de insuficiencia probatoria.
Aquí presentamos el listado de los principales exfuncionarios que han sido favorecidos por las decisiones judiciales recientes:
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En el Caso Antipulpo, lograron sortear las acusaciones Freddy Hidalgo, exministro de Salud; Fernando Rosa, del FONPER; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del FONPER; Rafael Antonio Germosén, excontralor, y Lina Ercilia de la Cruz, de la OISOE.
En el caso Calamar, el tribunal dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
Otro caso emblemático que no generó condenas fue el de Diandino Peña, exdirector de la OPRET, quien fue objeto de profundas investigaciones relacionadas con la construcción del Metro de Santo Domingo sin consecuencias penales.
Asimismo, diversos mandos medios de la OISOE y el CEA fueron descargados, dejando en evidencia la complejidad legal para probar los cargos de corrupción y coalición de funcionarios en los tribunales dominicanos.
