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Santo Domingo. – La polémica decisión judicial que favoreció con un auto de no ha lugar a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el sonado caso Calamar ha encendido el debate político. La postura fue cuestionada este martes por la dirigente de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, quien advirtió que el fallo profundiza la indignación social por la impunidad en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
Tras participar en una actividad en el Congreso Nacional, Blanco sostuvo que esta decisión judicial pone bajo la lupa la eficacia del sistema de justicia frente a los casos de corrupción administrativa de alto perfil que han marcado la agenda pública y que generan constantes dudas en la población dominicana.
“No sabemos si son los expedientes, cómo se elaboran, o si es la percepción al momento de una decisión que toma el tribunal”, expresó al referirse al escepticismo ciudadano ante estos fallos judiciales que envuelven a figuras poderosas del pasado gobierno.
La representante de la sociedad civil recordó que, aunque Castillo y Peralta fueron excluidos, el proceso continúa para otros implicados, incluyendo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien sí deberá enfrentar un juicio de fondo por los graves señalamientos en su contra.
“Por lo menos hubo un avance parcial”, afirmó Blanco, señalando que la lucha por la justicia no termina aquí, dado que la sociedad sigue vigilante ante el desarrollo de este expediente judicial que ha sido calificado como uno de los mayores retos para el Ministerio Público.
Asimismo, resaltó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) procederá a apelar la sentencia, una medida que los diversos sectores sociales esperan con expectativa para determinar si el caso Calamar llegará a las últimas consecuencias.
El pasado viernes, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó el polémico auto de no ha lugar a favor de los exfuncionarios, argumentando debilidades en la acusación, mientras ordenó juicio contra Donald Guerrero y otros imputados en este entramado de corrupción administrativa que sacude al país.
