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Por Claudia Calvin
La reciente decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de activar el artículo 34 respecto a la crisis de desaparecidos en México ha encendido las alarmas globales. Esta medida implica que la ONU reconoce una crisis humanitaria sistémica, permitiendo una intervención internacional urgente ante la magnitud de las desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, más allá de la burocracia diplomática, existe una realidad dolorosa y urgente: el heroico papel de las mujeres buscadoras frente a un Estado que ha fallado en su deber de protección y justicia.
La desaparición masiva de personas no solo fractura el tejido social, sino que ha dado origen a una resistencia civil sin precedentes liderada por mujeres. Madres, hijas, esposas y hermanas han transformado su duelo privado en una lucha pública por la verdad, documentando la violencia y exigiendo la rendición de cuentas que las autoridades se niegan a ofrecer.
México vive hoy una tragedia humanitaria que requiere analizar cómo otros países enfrentaron sus propias crisis.
En Argentina, durante la dictadura, las Madres de Plaza de Mayo marcaron un hito mundial al convertir la búsqueda de sus hijos en un símbolo de lucha por los derechos humanos, logrando que el Estado terminara adoptando políticas de memoria, verdad y justicia. La presión social fue el motor del cambio.
En Bosnia y Herzegovina, tras el genocidio de Srebrenica, las Madres de Srebrenica fueron fundamentales para implementar protocolos forenses y de identificación de ADN que hoy son estándares internacionales. Su perseverancia obligó a la justicia a actuar.
En Colombia, tras décadas de conflicto armado, organizaciones como ASFADDES fueron la pieza clave para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La constancia de las familias fue el catalizador para la institucionalización de la búsqueda.
La lección histórica es clara: cuando el Estado es omiso, la presión social y el escrutinio internacional son las únicas vías para forzar la creación de instituciones y mecanismos de verdad.
La situación en México es crítica y alarmante. Con más de 132 mil personas desaparecidas, el país enfrenta cifras equivalentes a un escenario de guerra, con una escalada incontrolable desde 2018. La comparación con otros conflictos subraya la gravedad: México ha llegado a estos niveles de violencia en tiempo récord.
Las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas revelan un patrón de género preocupante. Si bien la mayoría de los desaparecidos son hombres, las desapariciones de mujeres jóvenes muestran una conexión directa con la trata de personas, el feminicidio y la violencia sexual. El cuerpo de las mujeres se ha convertido en un campo de batalla en esta crisis de seguridad.
Lo que define a México hoy es quién realiza el trabajo de búsqueda. Las madres buscadoras están haciendo la labor que le corresponde al Estado: rastrear fosas clandestinas, organizar brigadas y recolectar indicios en zonas de alto riesgo, enfrentando al crimen organizado sin ninguna garantía de seguridad.
A diferencia de los ejemplos internacionales exitosos, en México la relación entre el Estado y los colectivos de búsqueda se ha caracterizado por la desconfianza, la negligencia y, en el peor de los casos, la persecución y el asesinato de las propias buscadoras. Los nombres de activistas como Angelita Meraz León o Teresa Magueyal son recordatorios trágicos de la vulnerabilidad en la que operan quienes exigen justicia.
Las mujeres buscan a sus desaparecidos a pesar del Estado, no gracias a él.
La activación del artículo 34 por la ONU es una confirmación técnica de lo que las familias han denunciado durante años: la insuficiencia estructural del sistema mexicano. La historia demuestra que los gobiernos no cambian por voluntad propia, sino por el peso político que generan las víctimas y la comunidad internacional.
Aunque la intervención de la ONU no es una solución mágica, es un punto de inflexión. Internacionaliza la tragedia, aumenta la presión sobre el gobierno mexicano y legitima la lucha incansable de los colectivos. La crisis de los desaparecidos en México ya no es solo un asunto interno; es un foco de atención global que exige respuestas claras y contundentes.
Mientras tanto, miles de familias siguen esperando que el Estado asuma finalmente su responsabilidad en la búsqueda de quienes nos faltan.
Claudia Calvin, Internacionalista y Doctora en Ciencias Sociales, Red Politólogas
