La histórica decisión del Gobierno de Luis Abinader de eliminar la «botija» de los consulados dominicanos, ordenando que todos sus ingresos pasen directamente a las arcas del Estado, ha desatado un terremoto de reacciones en todo el país.
Entre las figuras que reaccionaron destaca el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, quien calificó la medida como un paso necesario hacia la transformación estructural del servicio exterior, aunque enfatizó que debe blindarse con auditorías estrictas y un sistema de cobro automatizado para garantizar una transparencia total.
“Esa medida debe ir acompañada de establecer una cuenta única, monitoreada y auditada por los órganos de control del Estado”, señaló el dirigente político sobre el fin de los ingresos discrecionales en las sedes diplomáticas.
Por su parte, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, celebró la noticia con euforia, asegurando que con esta medida los consulados dejarán de ser las «manzanas de la discordia» en ciudades como Nueva York, Madrid y Miami.
“La ignominia en los consulados era tan brutal que cobraban hasta diez veces el valor real de los servicios y la diferencia iba al bolsillo del cónsul. Al presidente Luis Abinader hay que condecorarlo por terminar con este privilegio”, afirmó de la Rosa Tiburcio, quien lanzó un reto viral en redes sociales preguntando cuál de los cónsules renunciará primero ahora que se les acabó el negocio.
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El abogado Jorge Amado Méndez coincidió con la postura oficial, calificando el anuncio como un «brinco» hacia la consolidación de la carrera diplomática y una mejora contundente en el manejo de los recursos públicos del país.
El fin de la discrecionalidad consular
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el objetivo es implementar un modelo de gestión basado en la integridad y la rendición de cuentas. La meta es clara: que la totalidad de lo recaudado por servicios consulares sea transferido a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Esta reforma, que se aplicará de manera gradual en todo el mundo, busca centralizar el dinero público para reinvertirlo en mejores servicios para la diáspora dominicana.
Las autoridades explicaron que este cambio es un pilar fundamental del proyecto RD Meta 2036, que busca duplicar el PIB del país, además de cumplir con los estándares de la OCDE para elevar la competitividad y la transparencia nacional.
Hasta hoy, los ingresos de los cónsules no se limitaban a sus salarios base de entre 1,750 y 2,500 dólares, sino que se inflaban con los cobros de servicios y gestiones que ahora pasarán a ser estrictamente controlados por el Estado dominicano.
