¡ALERTA URGENTE! Las principales cadenas de supermercados de República Dominicana lanzan una DENUNCIA EXPLOSIVA ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC): ¡EXIGEN PARAR AHORA MISMO la investigación por salvaguarda a las galletas! Consideran que el expediente avanza con fallas GRAVÍSIMAS, volviéndolo «jurídicamente insostenible» y dejando a los importadores en un estado de indefensión incompatible con el debido proceso.
La comunicación, firmada por los GIGANTES del retail dominicano (Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo), sostiene que desde el inicio, la CDC ha operado con OPACIDAD y falta de información, lo que impide evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Los importadores afirman que ni ellos ni los demás interesados han tenido acceso a documentos CLAVE del expediente, como anexos financieros, estudios de causalidad y la evidencia que supuestamente sustenta el “daño grave” alegado. Esto, pese a que la Ley 1-02 exige al organismo proveer el expediente íntegro. ¡Y lo más insólito es que el propio Departamento de Investigación de la CDC admitió que necesita aclaraciones adicionales de los solicitantes!
Otro punto CRÍTICO es la imprecisión de los productos investigados. Según los importadores, la CDC está llevando una investigación cuyo objeto ¡ni siquiera ha sido debidamente delimitado!
La definición actual abarca prácticamente TODAS las categorías de galletas dulces y saladas, lo que, según los importadores, imposibilita cualquier análisis serio del mercado, las importaciones o el impacto real en la competencia.
Advierten que no solo hace IMPOSIBLE responder técnicamente a la investigación, sino que compromete la VALIDEZ LEGAL de cualquier conclusión posterior.
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Las cadenas DENUNCIARON que el plazo para completar los formularios exigidos vence el 25 de noviembre, ¡pero aún no les han proporcionado los materiales necesarios para llenarlos! Señalan que el Estado estaría exigiendo información que solo se puede elaborar con documentos que la propia autoridad no ha puesto a disposición, generando un bloqueo ABSOLUTO a su derecho de defensa.
Los importadores EXIGIERON al Pleno de Comisionados detener el proceso hasta que se defina con exactitud el alcance de la investigación, se entregue el expediente COMPLETO y se ajusten los plazos a las condiciones REALES del trámite.
Aseguran que confían en que la CDC actuará con RIGOR, pues cualquier decisión tomada sin las garantías mínimas tendría efectos económicos, sociales y reputacionales de GRAVÍSIMO alcance para RD.
Mientras crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación, los importadores observan con ALARMA la solicitud de medida provisional que evalúa la CDC: ¡un arancel extraordinario que podría DISPARAR los impuestos de importación hasta un 87.1%!
Aseguran que la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de TAN ALTO IMPACTO social tomada sobre la base de un expediente INCOMPLETO y un procedimiento CUESTIONADO desde sus cimientos.
