El Gobierno dominicano confirmó este miércoles que recibirá mensualmente a unos treinta deportados de terceras naciones enviados desde Estados Unidos, tras concretar un controversial pacto por un año con el país norteamericano.
El canciller Roberto Álvarez, aclaró hoy en rueda de prensa que EE. UU. trasladará a una treintena de migrantes cada mes y que su estancia en República Dominicana será «de entre siete a quince días».
- Además, el alto funcionario precisó que el convenio tiene una vigencia de un año y que el Gobierno estadounidense costeará todos los gastos logísticos de estas operaciones.
El Poder Ejecutivo había adelantado previamente que recibiría un número limitado de ciudadanos de otros países deportados por Washington, exceptuando haitianos y menores no acompañados, para facilitar su repatriación final.
Niega presiones de EE. UU.
El canciller aclaró que aún no se ha definido el centro de acogida donde estarán los extranjeros, quienes permanecerán bajo estricta vigilancia y contando con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De igual modo, el canciller rechazó que el Estado dominicano haya cedido ante presiones de Estados Unidos para suscribir este acuerdo, ante las reacciones de diversos sectores que cuestionan la medida por considerarla una amenaza a la soberanía nacional.
«Nuestro gobierno recibe solicitudes de aliados, pero no presiones. Decidimos soberanamente qué aceptar. Lo que conviene al país es prioritario, por eso excluimos a cualquier ciudadano haitiano del pacto«, subrayó Álvarez.
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- El ministro de Relaciones Exteriores también afirmó que República Dominicana no tenía razones para rechazar una petición de su principal socio comercial y aliado estratégico.
«Naciones como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay mantienen acuerdos migratorios similares con Estados Unidos. Estas personas no son criminales, son migrantes que no pudieron regularizar su estatus en suelo estadounidense», puntualizó el diplomático.
Finalmente, Álvarez enfatizó: «No es una medida de asentamiento permanente ni de absorción migratoria, ni implica procesos judiciales locales. Es una operación de tránsito controlado, temporal, ejecutada bajo estrictos parámetros de soberanía nacional y cooperación internacional«.
