Ante la falta de control por los constantes retrasos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para renovar las altas cortes, el Senado recibió ayer un anteproyecto de reforma constitucional que busca poner orden y establecer fechas inamovibles para el inicio y fin de las funciones de los jueces, evitando que se queden «atornillados» en sus cargos más allá de lo que dicta la ley.
El anteproyecto fue recibido por los senadores Daniel Rivera y Guillermo Lama (PRM), tras una propuesta del abogado Paul José Maldonado. La iniciativa busca «cerrar el grifo» a la discrecionalidad, ya que actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene un plazo fijo obligatorio para evaluar a los jueces, lo que permite que muchos magistrados sigan cobrando y ejerciendo sin tener un mandato vigente.
Para sustentar la urgencia, Maldonado puso el dedo en la llaga: unos 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cumplieron su periodo en abril y siguen en sus sillas como si nada, sin haber sido evaluados para ratificarlos o sustituirlos, una situación que pone en duda la legalidad de sus decisiones.
Las fechas clave propuestas
La propuesta no busca alargar los años de gestión, sino fijar fechas calendario exactas para que el país sepa cuándo se van y cuándo llegan los nuevos jueces.
Para la Suprema Corte de Justicia, se propone el 7 de enero como fecha tope de inicio y cierre. En el caso del Tribunal Constitucional sería el 23 de enero, y para el Tribunal Superior Electoral se plantea el 15 de enero.
Maldonado advirtió que el desorden actual del Consejo Nacional de la Magistratura genera una incertidumbre jurídica peligrosa para la estabilidad democrática del país.
Seguridad jurídica y fin del relajo
El documento enfatiza que la meta es garantizar la seguridad jurídica y poner freno a los abusos de los periodos constitucionales. La pieza obliga al CNM a realizar la confirmación o sustitución de jueces y procuradores de forma inmediata al vencer su plazo, eliminando los vacíos legales que han servido de excusa para la parálisis actual.
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Según la propuesta, esta medida permitirá que los abogados y ciudadanos aspirantes conozcan con antelación el calendario de vistas públicas, acabando con la opacidad en los procesos de evaluación de los magistrados.
Al ser un anteproyecto, ahora deberá ser asumido formalmente por los senadores Rivera y Lama para subir al hemiciclo y ser debatido en comisión, un paso crucial para decidir si finalmente el país tendrá un calendario claro para sus altas cortes.
