La medida de centralización de las recaudaciones de los consulados dominicanos, anunciada por la Cancillería, ha generado un intenso debate en el país, despertando tanto respaldo político como preocupaciones sobre el impacto directo en la comunidad dominicana en el exterior.
Representantes de la oposición coincidieron en calificar la medida como un paso necesario para garantizar la transparencia financiera en el manejo de los fondos que gestionan las sedes diplomáticas.
Por su parte, exfuncionarios del servicio consular admitieron que la reforma busca corregir vicios históricos, aunque advirtieron que el éxito del plan dependerá de cómo el Gobierno asegure la continuidad de la asistencia social para nuestros migrantes.
Voces diplomáticas
Elías Brache, excónsul en Chicago, calificó la decisión como «una corrección histórica» al esquema tradicional de los consulados. No obstante, señaló que el mayor reto será explicar a la diáspora cómo se gestionará ahora la ayuda social sin que esta se vea limitada por la burocracia.
En esa misma línea, Marcos Cross, excónsul en Madrid, planteó que la centralización debe acompañarse de un presupuesto eficiente, que asigne recursos según la densidad poblacional de dominicanos en cada país y sus necesidades reales. Además, sugirió revisar las tarifas actuales para que los servicios consulares sean más económicos.
Andrea Medina, exdiplomática en Guadalupe, enfatizó que los recursos recaudados deben regresar obligatoriamente a la diáspora, principalmente para cubrir casos de vulnerabilidad y repatriaciones. También fue enfática al rechazar cualquier incremento en las tasas de los servicios.
Los expertos concluyeron que es vital revisar la escala salarial del personal consular para ajustarla a la carga laboral y la realidad de cada jurisdicción.
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Postura política
El diputado del PLD, Gustavo Sánchez, reconoció que la oposición debe apoyar las decisiones correctas. En ese sentido, validó la iniciativa del presidente Luis Abinader al considerar que busca poner orden en un sistema que por décadas operó bajo opacidad.
De igual modo, el legislador de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, valoró positivamente cualquier medida que fortalezca la institucionalidad y aumente la recaudación efectiva del Estado.
La normativa, detallada por el canciller Roberto Álvarez y el viceministro Opinio Díaz, dispone que todos los ingresos de los consulados dominicanos pasen directamente a la Tesorería Nacional. Este cambio estructural busca transformar el sistema consular y reforzar la rendición de cuentas en la administración pública.
