El Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura, con cambios clave, el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas a contratistas del Estado y crea una comisión especial para auditar las reclamaciones pendientes de obras ejecutadas con o sin contrato.
Por esta razón, la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
Esta legislación busca implementar un mecanismo de validación para finalmente saldar deudas acumuladas por décadas, algunas arrastradas desde 1996, que han dejado en el limbo a cientos de empresarios de la construcción.
La pieza fue reformada tras una propuesta del senador Ramón Rogelio Genao, quien señaló que los ajustes buscan armonizar el texto con los informes técnicos, especialmente en el sector educativo.
«Se organizó el inventario de las obras escolares según la estructura del Ministerio de Educación, por regionales y distritos, para que coincida con el levantamiento realizado por la comisión oficial designada por el Poder Ejecutivo», explicó Genao al finalizar la sesión.
El legislador añadió que las modificaciones permiten incluir expedientes que habían quedado fuera, basándose en los datos remitidos por la comisión revisora.
Comisión de auditoría
El proyecto faculta a una comisión especial para investigar, validar y certificar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso, garantizando así la transparencia y evitando irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Según el documento, entre los beneficiarios figuran contratistas que aún esperan respuesta, así como herederos de aquellos que fallecieron sin recibir la compensación justa por sus obras.
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Superó las observaciones del Ejecutivo
La propuesta legislativa regresará a la Cámara de Diputados, donde previamente fue aprobada mediante procedimiento acelerado, aunque en su momento generó debate político.
Esta versión corrige una ley anterior que fue observada por el presidente Luis Abinader. En ese entonces, el gobierno objetó la pieza porque no identificaba con claridad a los beneficiarios ni las fuentes de financiamiento para pagar estas deudas.
A diferencia del texto anterior, que limitaba el pago a un listado cerrado de 571 acreedores, el nuevo enfoque elimina esa restricción y apuesta por un proceso de verificación riguroso caso por caso para asegurar que se pague solo lo que realmente se debe.
