Se dispara la tensión en Perú: la ventaja electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se amplía a 18.832 votos, alcanzando el 98,59 % del escrutinio oficial. El país aguarda con incertidumbre la resolución definitiva de los jurados electorales tras una ajustada segunda vuelta presidencial.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra un 50,052 % con 9.074.951 votos, superando estrechamente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien cuenta con un 49,948 % equivalente a 9.056.119 sufragios, según el último reporte de la ONPE.
La ONPE ha completado el conteo de actas, dejando en manos de los jurados especiales electorales (JEE) el destino de 1.308 actas observadas e impugnadas. Este proceso de fiscalización podría prolongarse durante días o semanas, manteniendo a la nación en vilo.
Del total de actas en disputa, 1.211 corresponden a territorio peruano, donde Sánchez lidera con el 50,16 % frente al 49,93 % de Fujimori. Sin embargo, el masivo respaldo de los peruanos en el extranjero ha sido determinante para revertir la tendencia a favor de la candidata derechista.
Fujimori, quien informó recientemente un viaje familiar fuera del país, descartó tajantemente la propuesta de Sánchez para realizar un recuento conjunto de votos, argumentando que el proceso debe ceñirse estrictamente a los marcos legales vigentes.
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El candidato izquierdista ha denunciado presuntas irregularidades y falta de transparencia en diversos locales de votación, exigiendo una auditoría profunda sobre el manejo de las actas durante la jornada electoral.
Mientras que Juntos por el Perú acusa intentos de invalidar votos en el sur del país, el fujimorismo sostiene haber detectado inconsistencias en Lima y en los centros de votación internacionales, solicitando la anulación de diversas mesas estratégicas.
Por su parte, Fujimori enfatizó ante la prensa que las normativas electorales limitan las posibilidades de reconteo a las actas observadas exclusivamente por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).
La candidata instó a sus oponentes a profundizar en el análisis de la Ley Electoral y su reglamento, citando específicamente el artículo 10 como sustento legal para desestimar las peticiones de revisión general del escrutinio.
