Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este lunes la activación de una línea telefónica directa para denunciar la extorsión y los abusos cometidos por funcionarios policiales, fiscales o jueces, como parte de una histórica reforma integral del sistema de justicia penal en el país.
«Quiero acabar con la matraca y la extorsión de una vez por todas, el pueblo venezolano exige justicia», sentenció Rodríguez durante la instalación de la gran consulta nacional para transformar el sistema penal, transmitida por Venezolana de Televisión.
La mandataria hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los cuerpos de seguridad para proteger la integridad y la dignidad de las instituciones públicas frente a los actos de corrupción.
Rodríguez presentó la línea 0800-Extorsión, destacando que es inaceptable que los funcionarios honestos se vean afectados por la conducta de quienes utilizan su cargo para extorsionar a los ciudadanos.
«Debemos construir un sistema judicial a la altura del momento histórico de Venezuela, garantizando la ética, la moral y la transparencia que nuestra república demanda», añadió.
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Este lunes inició formalmente el proceso de consulta nacional para reformar la justicia penal, donde se debatirán puntos críticos como el retardo procesal, el acceso real a la justicia, la independencia del Poder Judicial y la erradicación de malas prácticas, informó el fiscal general, Larry Devoe.
El fiscal detalló que se habilitará un mecanismo de participación masiva para escuchar a comunidades organizadas, movimientos sociales, mujeres, campesinos, jóvenes e indígenas, asegurando que la reforma sea inclusiva.
Asimismo, se llevará a cabo una revisión profunda y autocrítica con todos los actores involucrados en el sistema de justicia para implementar mejoras estructurales inmediatas.
El pasado 22 de mayo, Delcy Rodríguez identificó tres desafíos urgentes en la justicia venezolana: la lucha contra el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, tras revelar que el 68 % de los reclusos en el país pertenecen a los sectores económicos más vulnerables.
