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El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, denunció este lunes que existe una persecución política en contra de los dirigentes de esa organización que aún enfrentan procesos en los tribunales.
“Están enfrentando procesos respecto a los cuales hay serias dudas sobre la parcialidad de las autoridades y sobre actuaciones que alimentan la percepción de una justicia utilizada con fines de retaliación política”, explicó el dirigente opositor.
Aseguró además que el Ministerio Público mantiene un interés político al presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos que ya han sido descargados en los tribunales.
Manifestó que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial: una acusación no equivale a una condena, y corresponde exclusivamente a los jueces decidir sobre la base de pruebas reales.
¿Qué dice el PLD sobre los casos judiciales contra sus principales figuras políticas?
La presunción de inocencia no es un privilegio, es una garantía constitucional que debe proteger a todos los dominicanos, sin importar su bandería política o la posición que ocupen en el Estado, sostuvo el vocero del PLD.
Afirmó que se presentaron expedientes como verdades definitivas para dañar la imagen del partido cuando debían ser sometidos a un juicio justo. Nunca hubo casos sólidos; se instrumentalizó la justicia para intentar destruir al PLD, pero la verdad ha comenzado a florecer, enfatizó.
Por estas razones, el PLD propone que la sociedad dominicana exija que nunca más la justicia sea utilizada como arma de competencia política, donde las filtraciones de expedientes y las ruedas de prensa buscan sustituir el fallo de los jueces para lograr condenas mediáticas anticipadas.
Asimismo, el partido morado rechaza que la prisión preventiva sea usada como castigo anticipado, que los procesos se prolonguen más allá de lo razonable y que se vulneren sistemáticamente derechos fundamentales y el debido proceso.
Finalmente, rechazaron el uso de mecanismos administrativos, locales o internacionales, para afectar reputaciones y carreras políticas al margen de las garantías judiciales establecidas en la Constitución de la República Dominicana.
