El histórico asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer Napoleón Reyes, ocurrido el 4 de enero de 1985, sigue siendo una herida abierta en la memoria dominicana. Mientras el país exige justicia, los imputados se pasean con total libertad por las calles de Nueva York, ignorando la persecución de la justicia dominicana en uno de los casos de impunidad más escandalosos de nuestra historia.
El principal señalado, el teniente suspendido de la Policía Uladislao Rodríguez Bautista, alias El Hippie, ha sido visto frecuentemente en la Gran Manzana, haciendo vida normal a pesar de la gravedad de los hechos. Rodríguez Bautista abandonó el territorio nacional en 2007, justo cuando el juez José Alejandro Vargas dictaba apertura a juicio en su contra.
El Hippie salió del país a plena luz del día el 21 de marzo de 2007, en el vuelo 618 de American Airlines, con destino a Estados Unidos. Lo más indignante es que su partida ocurrió mientras la Fiscalía, que tenía el caso en sus manos, alegaba estar investigando su paradero, permitiendo que huyera junto a otros implicados que hoy residen tranquilamente en territorio estadounidense.
A pesar de que el actual magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, intentó poner orden enviando el caso a un tribunal criminal hace años, la falta de voluntad institucional terminó blindando a los culpables. Este hecho ha alimentado por décadas la tesis de que se trató de un crimen de Estado donde el poder político fue cómplice.
La lista de implicados, entre muertos y fugitivos, incluye nombres que marcaron una época oscura: Juan Bautista Peguero Santana, Daniel Jorge Infante, Rafael Vargas Cruz, Pedro Alejandro García Berry y Pedro Antonio Sánchez Díaz. La mayoría de los sobrevivientes hoy disfrutan de impunidad en el extranjero bajo la mirada indiferente de las autoridades.
Este magnicidio financiero, ocurrido durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, sigue encabezando la lista de más de 50 crímenes impunes en la historia dominicana. La ejecución de Méndez, secuestrado frente al Palacio de la Policía, sigue siendo un recordatorio de la peligrosa alianza entre delincuencia común y altos mandos militares de la década de los 80.
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El doctor Marino Vinicio Castillo siempre sostuvo que el crimen fue una represalia directa contra el banquero por el control de la prima del dólar. Sin embargo, a pesar del impacto social y la gravedad del caso, los intelectuales detrás de la tragedia nunca fueron tocados por el peso de la ley.
En 2006, el juez Vargas confesó la dificultad de determinar responsabilidades debido a las trabas legales y la falta de acción del Ministerio Público de la época. Hoy, el caso Héctor Méndez es el símbolo máximo de cómo las estructuras mixtas de poder lograron burlar la justicia dominicana, dejando a toda una nación esperando una respuesta que, al parecer, nunca llegará.
