El sorpresivo fallo del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dictó un no ha lugar a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el polémico Caso Calamar ha encendido las redes sociales y el debate nacional sobre la impunidad y la justicia en República Dominicana.
La jueza Altagracia Ramírez decidió sacar del expediente a cinco imputados de alto perfil, incluyendo a Castillo y Peralta, argumentando que las pruebas del Ministerio Público no fueron suficientes para enviar a juicio de fondo a estas figuras clave de la política dominicana.
Gonzalo Castillo
No obstante, el proceso continúa para otros 35 acusados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, quienes deberán ir a juicio. Ante el revuelo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) confirmó que apelará la decisión, calificándola como una valoración errónea de las evidencias que ellos consideran contundentes.
Este escenario recuerda los momentos más tensos de la lucha contra la corrupción, como ocurrió en el emblemático caso Odebrecht, donde figuras como Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón también protagonizaron decisiones judiciales que generaron indignación y críticas en la opinión pública.
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Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón
Organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana han alzado su voz, advirtiendo que el uso frecuente del no ha lugar en casos de corrupción administrativa debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y permite que grandes responsables de desfalcos al Estado sigan fuera de la cárcel.
