El Tribunal Constitucional (TC) dio un golpe definitivo a Worldcoin en República Dominicana al ratificar la actuación de Pro Consumidor. La alta corte rechazó el recurso de la Fundación World Foundation, confirmando que la entidad tiene pleno poder para frenar las operaciones de la empresa que escaneaba el iris de los dominicanos.
La sentencia TC/0267/26 valida que Pro Consumidor actuó correctamente al proteger a la ciudadanía ante los riesgos del manejo de datos biométricos sensibles, un tema que mantiene en alerta a las autoridades globales por los peligros para la privacidad y la seguridad personal.
El tribunal dejó claro que Pro Consumidor es la autoridad competente para supervisar contratos de adhesión y eliminar cláusulas abusivas que vulneren los derechos de los consumidores, especialmente cuando está en juego información tan delicada como las imágenes del iris humano.
Reacción de Eddy Alcántara tras el fallo histórico
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, destacó que esta sentencia marca un precedente clave en el país sobre la regulación de plataformas tecnológicas y la defensa de los datos personales. Alcántara enfatizó que, en medio del auge de la inteligencia artificial, este fallo blinda el derecho de los usuarios frente a empresas que operan en territorio dominicano.
TemasRelacionados
El funcionario subrayó que la decisión judicial confirma que la intervención de Pro Consumidor no fue un ataque a la libertad de empresa, sino una medida necesaria de protección al interés público y a la seguridad de la población dominicana.
Con esta victoria legal, el Tribunal Constitucional respalda el fallo previo del Tribunal Superior Administrativo (TSA), cerrando la puerta a los intentos de Worldcoin de operar sin cumplir con los estándares de protección exigidos por las leyes dominicanas.
El conflicto surgió cuando Pro Consumidor intervino ante las denuncias sobre cómo Worldcoin capturaba y procesaba los datos biométricos de los usuarios, generando incertidumbre sobre el destino de la información captada a cambio de pagos.
Aunque Worldcoin alegó en su recurso que la entidad se excedió en sus funciones y que no tenían facultad para ordenar el cese de sus actividades sin una orden judicial previa, el TC fue tajante: el organismo actuó bajo su obligación constitucional de resguardar a los consumidores frente a sistemas de riesgo.
Finalmente, el órgano constitucional concluyó que las acciones de Pro Consumidor fueron legítimas, protegiendo a los dominicanos frente a una empresa tecnológica que buscaba imponer sus términos sin garantías claras sobre la privacidad de los datos personales.
