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El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra diez integrantes de la red desmantelada en la Operación XL526, una poderosa estructura criminal que operaba desde Santiago y Puerto Plata dedicada a la extorsión, chantaje y estafa internacional contra residentes en Estados Unidos.
Los detenidos, quienes dominaban el inglés a la perfección, utilizaban tecnología avanzada para ejecutar sus actividades ilícitas desde su base operativa en el municipio de Jacagua.
El modus operandi de la banda incluía la captación de víctimas mediante publicidad engañosa, para luego someterlas a extorsión bajo guiones preestablecidos por los cabecillas de la organización.
La solicitud de medida de coerción y la declaratoria de caso complejo fue encabezada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), contra los cabecillas: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También se pidió cárcel para Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público fundamentó la solicitud de caso complejo en la pluralidad de imputados, la magnitud de la red de lavado de activos y el gran número de víctimas identificadas, lo que requiere una investigación profunda bajo el Código Procesal Penal Dominicano.
La instancia fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente de Santiago por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado.
La Operación XL526 requirió el despliegue de 35 fiscales y 28 allanamientos simultáneos, contando con el apoyo estratégico de agencias internacionales como HSI Santo Domingo y la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos Trasnacionales (Deidet).
Hasta la fecha, se han identificado al menos 18 víctimas de esta estructura criminal, que movía fondos ilícitos para ocultar el origen del dinero mediante maniobras de blanqueo de capitales.
Las pruebas presentadas vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, lavado de activos, porte ilegal de armas y tráfico de drogas.
La organización criminal, con base en Jacagua, operaba de forma sistemática y organizada para estafar a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
Los presuntos integrantes de la red utilizaban el idioma inglés y herramientas digitales para blindar sus operaciones fraudulentas.
El esquema delictivo consistía en captar víctimas con anuncios falsos, obligándolas bajo amenazas a seguir un guion de extorsión diseñado para extraer grandes sumas de dinero.
Los imputados utilizaban métodos de intimidación extrema, haciéndose pasar por sicarios del cartel de Sinaloa y enviando fotos de crímenes atroces para doblegar a las víctimas y forzar los pagos.
Los beneficios obtenidos eran lavados a través de criptomonedas como bitcoin, transferencias espejo, plataformas digitales y el uso masivo de remesadoras para mover el capital ilícito.
