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Escándalo por Operación XL526: la ofensiva del Ministerio Público contra una presunta red de extorsión y lavado de activos en República Dominicana enfrenta serios cuestionamientos legales tras denuncias de irregularidades procesales y abusos contra los derechos de los implicados.
Los abogados defensores afirman que en los 28 allanamientos ejecutados en Santiago y Puerto Plata hubo detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales, sumado a trabas para el acceso a la defensa técnica. Según los juristas, estos hechos representan una grave vulneración a la Constitución y al debido proceso en el país.
El megaoperativo, que resultó en el arresto de 20 personas, entre ellas los líderes de la estructura criminal, fue desplegado por un contingente de 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y agentes de HSI Santo Domingo.
Los representantes legales sostienen que varios imputados fueron mantenidos en incomunicación, sin contacto con sus familias ni abogados durante las horas críticas tras su arresto. Asimismo, pusieron en duda la legitimidad de las pruebas al señalar que se violaron los protocolos fundamentales de cadena de custodia.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene firme la legalidad de sus actuaciones, calificando el caso como una compleja red de crimen organizado transnacional con pruebas contundentes sobre estafas, chantaje y lavado de dinero a través de criptomonedas y transacciones digitales.
