La ley que busca saldar el histórico pago a contratistas acumulado desde 1996 sigue atrapada en un limbo constitucional tras las observaciones del presidente Luis Abinader. Mientras el país espera soluciones, el Congreso aprobó una nueva pieza legislativa que intenta corregir el rumbo, pero el escenario se complica por un inusual tranque legislativo.
El conflicto jurídico se origina porque el proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026, aún no ha sido retirado oficialmente, creando una dualidad legal que mantiene en vilo la resolución de estas deudas estatales.
Existe el riesgo real de que, si los diputados no actúan, la normativa original pueda quedar aprobada automáticamente al cumplirse el plazo de dos legislaturas, tal como advierte la Constitución, lo que generaría un choque de leyes sin precedentes.
El nudo legal de la ley
El procedimiento está marcado por el artículo 102 de la Constitución, que regula cómo el Poder Ejecutivo maneja las observaciones a proyectos aprobados. Cuando el presidente observa una ley, esta debe volver a la cámara de origen para ser discutida nuevamente.
El problema escala con el artículo 103, que establece que si una pieza no se tramita en dos legislaturas ordinarias, la observación se considera aceptada o el proyecto corre el riesgo de aprobarse por inacción. En lugar de cerrar el ciclo anterior, la Cámara de Diputados prefirió impulsar una nueva iniciativa, manteniendo ambos expedientes vivos y generando una inseguridad jurídica sobre los pagos a los 571 contratistas afectados.
El presidente Abinader frenó la ley original argumentando falta de transparencia en los montos exactos y dudas sobre el listado de beneficiarios, lo que obligó a una reingeniería del proyecto de la mano del presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco.
¿Qué trae la nueva propuesta?
La nueva versión es más estricta: elimina el pago automático y crea una comisión especial con poder para auditar y validar cada reclamo. Según Pacheco, esta entidad podrá rechazar pagos o ajustar las sumas reclamadas si no cumplen con los estándares, blindando así los recursos del Estado.
TemasRelacionados
Aunque el nuevo texto ya está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación, la existencia del proyecto original mantiene este tema en un limbo institucional que preocupa a los sectores productivos y contratistas que esperan cobrar por obras ejecutadas durante décadas.
