Una comisión de la Cámara de Diputados realizará el próximo 22 de mayo un descenso en la comunidad de El Romero, en la provincia de San Juan, para evaluar que la zona sea declarada área protegida y reserva natural, en medio del rechazo colectivo y las protestas contra los planes de explotación minera en esa demarcación.
La información fue ofrecida por el diputado de la Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes, quien explicó que la visita será encabezada por la Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para que los legisladores evalúen el proyecto de ley que busca blindar El Romero como una reserva natural intocable frente a la minería.
«El día 22 de este mes, la Comisión de Medio Ambiente hará un descenso a la zona de El Romero para verificar el valor ecológico de la zona», expresó el legislador.
Mercedes sostuvo que la intención es lograr que El Romero sea declarado «reserva natural del Estado«, con el objetivo de impedir de forma definitiva futuras intervenciones mineras de exploración o explotación en los terrenos sanjuaneros.
Reserva natural por ley
«Estamos pidiendo que El Romero sea declarado reserva natural del Estado, para que quede blindado y ninguna autoridad, presente o futura, pueda intentar explotar esta zona», afirmó.
El legislador indicó que la comisión es presidida por el diputado Juan Agustín Medina, y aseguró que la propuesta está plenamente justificada para proteger el patrimonio ambiental dominicano.
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Mercedes también recordó que el senador Félix Bautista mantiene una iniciativa similar desde el año 2018, y señaló que el proyecto actual refuerza la lucha de años por la protección de San Juan.
Asimismo, reveló que la propuesta para proteger El Romero ha sido sometida en tres ocasiones ante el Congreso Nacional buscando una solución definitiva.
El clamor de San Juan
La situación de El Romero ha generado gran tensión social en San Juan durante las últimas semanas, luego de que sectores comunitarios, religiosos y políticos manifestaran su rechazo total a la minería, alegando graves impactos ambientales y riesgos inminentes para las fuentes acuíferas que abastecen la provincia.
Ante la presión ciudadana, el presidente Luis Abinader ordenó la detención de todos los planes de exploración en la zona, que eran impulsados por la empresa GoldQuest.
